Desde el inicio de esta crisis, fundamentalmente desde 2008, hemos venido sufriendo continuos ataques a nuestros derechos, vía reformas laborales y de las pensiones. Los recortes en la sanidad pública y en educación son una constante. Y con estas agresiones nuestro derecho a la salud laboral ha quedado también en segundo plano.

Los diferentes gobiernos e instituciones se han decantado más en defensa de los intereses empresariales que de las personas trabajadoras.

Con la bajada de la actividad industrial, las muertes por accidentes de trabajo (AT) han disminuido y, en alguna forma, también los AT leves y graves; a todas luces sería una buena noticia, de no ser porque es imposible conocer la multitud de casos donde debido al miedo a la pérdida del empleo no se declaran y quedan, en el mejor de los casos, como enfermedad común. Los sectores más precarios, los que soportan mayor flexibilidad y paradójicamente menor defensa sindical son los que más AT aportan a las estadísticas. También la baja actividad en construcción y obra pública ha rebajado las cifras totales.

Por otro lado, la inversión en nueva maquinaria, en seguridad y salud, que debe ser un cambio en los esfuerzos físicos y la mejora ergonómica, se ha detenido. La pelea por sacar a la luz las enfermedades profesionales (EP) se ha visto frenada por el mismo motivo y las declaradas oscilan en función de los intereses empresariales.

Hay estudios que aseguran que por cada AT se producen casi 10 EP; precariedad, más carga de trabajo mental… suponen nuevas formas de enfermar.

Si la situación en los centros de trabajo contiene estos elementos, debemos denunciar la avaricia empresarial y la actitud del PP, que otorga cada vez más capacidad de control a las mutuas de accidentes de trabajo (hasta el hostigamiento a los trabajadores y trabajadoras cuando enferman por motivos no laborales). Según el proyecto del Gobierno del PP, de ser Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional pasarían a Mutuas de la Seguridad Social.

Estos son algunos de los cambios anunciados: los acuerdos con las empresas pasan de uno a tres años; las mutuas pueden citar desde el primer día de la baja a la persona con incapacidad temporal (antes eran quince días); ante la falta de asistencia, aunque la persona esté impedida, pueden dar el alta económica; pueden acordar con Osakidetza y Osasunbidea conocer los informes y realizar reconocimientos médicos; pueden realizar propuesta de alta y si en cinco días la inspección médica no contesta, se da por admitida la propuesta de la mutua y la persona con baja debe volver al día siguiente a trabajar (antes no había plazo y debía justificarse la medida); si no se acude cuando citan, sin justificar, pueden dar el alta a efectos económicos (se puede seguir de baja, sin cobrar). Se culpabiliza a las personas enfermas y con ello se busca la privatización. Al control del médico o médica de cabecera se pretende imponer el inquisidor control de las mutuas, por encima de los sistemas públicos (en nuestro caso Osakidetza y Osasunbidea). Si no lo evitamos, todo esto puede dejar sin efecto la labor de la medicina pública, pasando cada vez más a defender intereses empresariales.

Desde ESK vemos necesario cambiar esta situación. Debemos contar con un sistema público único de salud que haga frente de forma global tanto a los problemas dentro de los centros de trabajo como a la ciudadanía en su vida diaria. Y también es necesario pelear por unos empleos que no nos hagan enfermar, donde el derecho al descanso y a la baja cuando se enferma sean una realidad. Las reducciones de jornadas de trabajo y su reparto entre más personas serían un factor decisivo para disminuir los efectos de los riesgos del trabajo. Y no lo serían menos la eliminación de turnos de noche y la más amplia atención a la conciliación de la vida familiar y laboral.