Estos cambios normativos van a suponer, entre otros, que las actuales mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional de la Seguridad Social pasen a denominarse mutuas de la Seguridad Social. Este cambio puede parecer semántico, pero detrás se encuentra un camino iniciado en los 90, para que las mutuas no solo se ocupen del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional, sino que vayan asumiendo otras prestaciones y pretende que en un futuro las mutuas gestionen totalmente las contingencias comunes.

Aumenta la burocratización en las bajas que dependan del servicio público de salud, ya que su personal médico va a tener que justificar hasta la extenuación el porqué de una baja, mediante informes complementarios y de control. Pero estos informes solo son necesarios en las bajas que dé el servicio público de salud, no en las que dependan de las mutuas.

El INSS va a tener acceso a toda nuestra historia clínica del sistema sanitario público, lo cual lo consideramos muy grave, ya que el personal médico del INSS no es personal médico del sistema sanitario. Y las mutuas, en teoría, van a tener acceso a una parte de la historia clínica y a los informes complementarios y de control. Pero si tal y como se viene desarrollando en los últimos años las competencias que ostenta el INSS se van pasando a las mutuas, en un futuro no muy lejano se trasvasará esta competencia.

En contingencias comunes, las mutuas podrán realizar (o contratar con entidades privadas) pruebas y tratamientos que serán pagados con dinero público; nos pueden citar desde el primer día (hasta ahora el 15); en caso de no acudir a una cita nos pueden dar el alta económica (seguimos de baja pero sin cobrar); van a poder hacer propuestas de alta a la inspección médica de sanidad que tienen que responder en cinco días (hasta ahora 15), y si tras consulta con atención primaria la inspección no da el alta, la mutua podrá pedir el alta al INSS que tiene que contestar en cuatro días (hasta ahora tres meses).

Es decir, estas reformas van a dotar de mayor poder a las mutuas que, no podemos olvidar, son asociaciones de empresarios, poniendo bajo sospecha a cualquier persona a la que le hayan dado una baja. Con esta reforma también se pone en duda la profesionalidad del personal sanitario de Osakidetza y Osasunbidea, que han accedido a sus puestos por medio de oposiciones públicas demostrando méritos y capacidad. En cambio, los puestos de trabajo, salarios y complementos del personal médico de las mutuas dependen de responder a los criterios fijados por los empresarios que no buscan la salud, sino reducir las bajas y aumentar el beneficio empresarial.

Es como si en una competición deportiva de primer nivel el partido lo arbitrara el entrenador o entrenadora del otro equipo. Nadie aceptaría eso. Pues es lo que están haciendo, unas asociaciones patronales deciden sobre nuestra salud. Como ejemplo de esto que decimos, cabe recordar que el gerente de Mutualia, el señor Lujua, es a su vez el presidente de Confebask. ¿Qué intereses va a defender?

Por todo, ello LAB considera que este cambio normativo va a suponer el empoderamiento total de las mutuas, una mayor centralización, ya que se roban competencias a Osasunbidea, Osakidetza y a sus inspecciones médicas, que además van a tener que bailar al ritmo que marquen las mutuas para contestar a sus peticiones. Y una clara privatización de la sanidad pública en contra de los criterios de equidad y universalidad, generando una dualización del sistema, es decir, uno de gestión privada fuerte para trabajadores y trabajadoras en activo y el público descapitalizado más cercano a la beneficencia. Todo ello financiando ese sistema privado con dinero público.

Todo este poder se lo regalan sin ningún control. No existe ningún tipo de control de las actividades sanitarias, lo que supone que la sanidad pública asuma (y pague) daños a la salud que tendrían que asumir las mutuas. Actualmente se estima el fraude en 82.000 millones de euros anuales. Y los controles contables siguen siendo irrisorios, bajo la excusa de que las mutuas funcionan mejor y suponen un mayor ahorro. Pero si eso fuera verdad, ¿por qué actualmente están en los tribunales las mutuas La Universal, Fremap y MAZ por un fraude cifrado en más de 300 millones de euros?

Está claro que se está profundizando en un camino equivocado. Y es por ello que emplazamos tanto a UPN como al PNV a que se posicionen en contra de este cambio normativo. No como el día 30 de julio, en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso sobre el Proyecto de Ley, en donde ningún partido político cuestionó el modelo mutual, excepto Amaiur. Incluso en la enmienda presentada por el PNV se apuesta por profundizar en la privatización total y absoluta sin el más mínimo control público, defendiendo una vez más los postulados de Confebask.

Desde el sindicato LAB vamos a seguir trabajando en una doble vía. Por un lado, para intentar frenar el impacto de esta reforma, acordando en las empresas la firma de las contingencias profesionales y comunes con el INSS y no con las mutuas. Así la asistencia sanitaria la prestan Osasunbidea y Osakidetza. Y, por otro, vamos a seguir trabajando para construir ese modelo propio de relaciones laborales, sanitario y de protección social acorde con nuestras necesidades como país y como trabajadores y trabajadoras, libre de mutuas y en beneficio de la salud de todos y todas.