Querer quedarse con el oro y el moro

Una secuela extrema puede ser un vuelco en el sistema de valores de nuestras comunidades: aquellos que colaboran para el bien común llegan a ser despreciados y se convierten en los cándidos perdedores de una nueva norma social, insostenible a mí entender, que consiste en ingeniárselas al máximo para eludir la ley común.

31/05/2020

Gustosamente escribiría sobre las restricciones a la libertad actuales, sobre el estado de alarma como pretexto para ataques frontales a derechos básicos (hablar con el próximo, vivir del fruto del trabajo, libertad de movimiento...) o sobre la repetición de absurdas decisiones políticas. Invocaría al visionario George Orwell, cuya descripción de una sociedad fantasmagórica en su novela “1984” se asemeja con espanto a la situación real del Estado español desde marzo 2020: vigilancia masiva, pantallas omnipresentes (voluntariamente en nuestro caso), control social, suspensión de derechos individuales y colectivos, una «policía del pensamiento» (constituida hoy en día por los propios ciudadanos diligentes)...

No obstante quisiera sacar a la luz otro aspecto que el famoso virus está acentuando. En efecto, el individualismo arrasa también en una situación inédita en la cual el destino del conjunto de la humanidad está más que nunca (y acaso por primera vez gracias a la globalización) liada a cada una de sus partes, sean naciones (a través de las decisiones de sus mandatarios) o personas (según su comportamiento efectivo). El virus recalca lo que ya era una verdad escondida: cada uno de nosotros depende de otros de miles de seres –desconocidos– para comer, vestirse, protegerse, curarse, divertirse... y hoy no enfermar. El comportamiento benevolente de los demás (hacer lo necesario para no propagar la enfermedad) influye directamente en nuestro propio destino (aquel de no estar contagiado). Por lo tanto, lo lógico sería concluir en la relación inversa que nos obliga moralmente a cada uno a maximizar las medidas sanitarias preventivas.

Desgraciadamente, mi sensación es que el continuo crecimiento del liberalismo nos enredó en una obsesión por la libertad individual a expensas de la responsabilidad colectiva. La publicidad, el consumismo, los medios de comunicación y los propios políticos en su búsqueda de votos nos insinuaron que no solamente somos reyes en nuestra esfera privada, sino también por las calles públicas. Nos sugirieron que la voluntad personal es independiente y prevalece sobre cualquier otra cuestión (preocupación por el medio ambiente, el bienestar de los demás, de las generaciones futuras...). Alimentaron sigilosos al animal egoísta que todos tenemos en nuestro interior, prescindiendo deliberadamente de la parte razonable y critica que se puede esperar de un ser humano. El antojo cotidiano de una libertad individual total, incondicional, exigida, automática e innegable, hace que cualquier restricción sea vivida como un ataque intolerable. Todos desarrollamos además una natural reactancia (mecanismo de defensa psicológica frente a una amenaza de nuestra libertad) frente a las imposiciones tanto más cuanto que el poder que lo aplica es grande. Todos tendremos en mente la imagen del burro que más resiste cuanto más tiramos de él.

Lo curioso de una oposición sistemática al poder –supuestamente democrático– es ver cómo surge el gregarismo desde el anticonformismo: cuando por facilidad nos unimos todos a la cómoda subversión de una situación exigiendo esfuerzo, cuando por pereza intelectual renunciamos a ejercer sobre nuestra propia persona una libertad negativa (aquella de renunciar voluntariamente a ciertas cosas por nuestro propio bien). No todos somos propensos a concretar la visión romántica de morir por una ilimitada libertad individual. Se ideó el concepto de civismo para que una sociedad pueda «funcionar» a pesar de las ansias (legitimas) de libertad de cada uno de sus miembros. La teoría es que el ciudadano, miembro de un Estado, consiente en aplicar las reglas comunes que elaboran los representantes elegidos. Sin duda muchas leyes no nos gustarán, pero su fundamento es que sean justas para el conjunto de la sociedad. Distinto es creer que uno puede disfrutar de derechos sin tener obligaciones. La debilidad o dejadez de un Estado laxo con las reglas democráticas que establece perjudicaría tanto a la sociedad como un abuso de autoridad.

Una secuela extrema puede ser un vuelco en el sistema de valores de nuestras comunidades: aquellos que colaboran para el bien común (cuando su propia reflexión coincide con la lógica de los deberes, restricciones y recomendaciones establecidos por aquellos quien están encargados de sustentar y proteger los ciudadanos) llegan a ser despreciados y se convierten en los cándidos perdedores de una nueva norma social, insostenible a mí entender, que consiste en ingeniárselas al máximo para eludir la ley común. El frecuente uso del refrán popular «hecha la ley, hecha la trampa» es sintomático y representativo de una sociedad disfuncional.

Algunas culturas repudian a los defraudadores, a quienes quebrantan el difícil equilibrio del bienestar general para dar rienda suelta a su egoísmo, a quienes aprovechan las debilidades del sistema. Si nosotros mismos somos propensos a cometer fraudes cotidianos, supongo que no seremos tan ingenuos como para exigir a los demás que cumplan lo que no nos dignamos a hacer, o que el sistema subsane nuestro incivismo. Pero no entiendo por qué deberíamos gratificar a los ciudadanos responsables con un castigo social. Quizás costará entender a las masas insurrectas que algunas personas prefieren –con conciencia y decisión propia– seguir manteniendo la distancia social a pesar de los permisos de desconfinamiento oficialmente otorgados. Es mentalmente más sencillo renegar las prohibiciones que cuestionar las autorizaciones, aunque sean dictadas por un mismo poder repudiado.

Pero veamos más allá: el individualismo de la gente de a pie va mano a mano con la desconfianza en una justicia institucional poco respetada, con una policía señalada por sus abusos, con la incompetencia de un Estado que llega a ser considerado como un enemigo de la voluntad general, de las libertades individuales y colectivas en lugar de ser garante de las mismas. Si le sumamos la corrupción y los habituales escándalos de la clase política, no es tan sorprendente que el incivismo sea norma y esté admitido en el conjunto de la sociedad. Quizás los altos cargos, quienes precisamente nos representan (en el sentido que nos sustituyen y nos simbolizan), estén cosechando los frutos de su propio incivismo. Ojala sus deficiencias no se conviertan en nuestra coartada.

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