La justicia restaurativa es una de las grandes apuestas del Gobierno de Navarra desde el arranque de la legislatura. Ante todo, por los valores que incorpora a la hora de resolver los conflictos por los que la ciudadanía acude a nuestros juzgados y tribunales; pero además, la pandemia por covid-19 ha puesto de manifiesto hasta qué punto los sistemas de mediación, que hemos seguido ofreciendo e incluso reforzado para apoyar a las parejas separadas, representan una opción eficaz para agilizar el servicio público de Justicia. Un servicio que se ha mantenido activo durante el estado de alarma, y cuyo buen funcionamiento será determinante en el nuevo periodo que se abre tras su finalización.

Los valores a los que nos referimos no son otros que los del diálogo, la palabra, el acuerdo y el consenso. Se trata, sin duda, de actitudes más necesarias que nunca en nuestra sociedad, pero su relevancia va más allá. Y es que la introducción del paradigma restaurativo en el servicio público de Justicia no surge de una ingenua confianza en la buena voluntad de unas personas, sus usuarias, cuyos intereses en conflicto no siempre es posible –ni sería justo– conciliar. La tarea de nuestro sistema de Justicia no es resolver sus diferencias de cualquier forma, sino de modo que prevalezcan los principios que la ley recoge como base de la convivencia; y en el ámbito penal, asegurándose de que los ataques más intolerables contra esos principios encuentren la respuesta legal que resulte proporcional al daño causado, así como eficaz para la prevención de futuros delitos.

Con demasiada frecuencia, sin embargo, esa tarea no se cumple sino de forma muy parcial. Son demasiadas las ocasiones en que nuestro sistema de justicia, tal como está concebido, muestra una excesiva lentitud y formalismo, o adolece de falta de los medios adecuados para ponderar el cúmulo de factores, a veces contradictorios, que componen la siempre compleja realidad. Ello hace que el recurso a los tribunales, por causas más estructurales que coyunturales, resulte muchas veces insuficiente, cuando no disfuncional, para hacer frente al modo en que dicha realidad incide sobre los derechos de las personas, y en particular de las víctimas.

Así se pone de manifiesto en todos los países de nuestro entorno cultural y de valores, que por ello vienen revisando desde finales del siglo XX sus mecanismos tradicionales de Justicia para complementarlos, sin merma de las garantías procedimentales y la seguridad jurídica, por medio de sistemas de resolución de conflictos orientados a la reparación del daño causado a través de una relación dialogada entre las partes, con participación de la comunidad.

Se busca con ello incidir sobre las causas estructurales que subyacen a muchos de los pleitos que la ciudadanía plantea ante los tribunales, evitando su cronificación. Y en el ámbito penal facilitar que los victimarios, más allá del cumplimiento de su condena, asuman su responsabilidad no solo ante la sociedad sino también ante la víctima que, de ser mero testigo, pasa a sentirse escuchada y atendida en sus necesidades, para constituirse en protagonista del proceso. En este sentido, las experiencias en mediación penal ponen de manifiesto algo que ya venían apuntando las investigaciones victimológicas: la generosidad de las víctimas al afrontar el proceso y que sus intereses principales son la reparación, la restauración de la situación anterior al delito y la resolución del conflicto hacia el futuro.

Este enfoque, por otra parte, propicia que las políticas públicas de atención a las víctimas no respondan al impacto social o mediático del hecho que les ha convertido en tales, sino a una respuesta planificada e integral de la problemática en que se encuentran, basada en datos y análisis cualitativos que permitan conocer la magnitud del fenómeno sobre el que se pretende intervenir. Una respuesta que además no puede ser uniforme, sino que debe adaptarse dependiendo de la vulnerabilidad que el hecho delictivo haya puesto de manifiesto, en atención a factores como el género, la extranjería, la integración social o la salud.

La calidad democrática de un sistema está asociada con la existencia de una relación dialogada entre sociedad y poderes públicos. Para ello es necesario que ofrezca la posibilidad de detectar carencias y disfunciones en el sistema de garantías, y en particular en los mecanismos de los que éste se dota para atender a las personas que, en su interacción social, han visto atacados sus derechos o legítimos intereses. Pues bien, en un momento tan crucial como el presente para nuestra cohesión como sociedad, esa capacidad debe formar parte de nuestra nueva normalidad. En ello está empeñado el Gobierno de Navarra, con el fin de que nuestro sistema de Justicia resulte, en definitiva, no solo más ágil, sino también más justo, más vivible, más humano.