El Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo sostiene que el Estado español jamás ha practicado el terrorismo. Ni siquiera durante la dictadura franquista. Sin embargo, el PSOE aprobó en su día un informe sobre vulneraciones de derechos humanos en la Comunidad Autónoma Vasca en el que se decía que, durante la dictadura franquista, la represión buscaba «la generalización de un estado de terror en la población que impidiera la extensión de la reivindicación democrática». ¿No es esa una exacta definición de lo que es el terrorismo de Estado?

Otro tanto repitieron en varios de sus trabajos dos personas sin duda referenciales en todo lo que respecta a las víctimas del terrorismo y que son importantes miembros de la Universidad de Deusto, el Catedrático emérito de Ética Xabier Etxeberria y el profesor de Ética Galo Bilbao, para quienes no cabe duda alguna de que el franquista fue un Estado terrorista.

Además, en un trabajo conjunto, publicado en 2005, ambos dejaron bien claro que los estados democráticos también podían practicar el terrorismo. En concreto, precisaron que, en ese caso, «hay terrorismo en aquellas circunstancias (excesos en algunas leyes, arbitrariedad judicial, malos tratos y torturas, fomento de grupos paraestatales como antiterroristas) en las que se quebrantan los derechos humanos».

En aquel trabajo, también afirmaron que «El acto terrorista por excelencia del Estado es la tortura» (Etxeberria precisó en 2006 que el peor terrorismo de Estado es la tortura) y ambos desarrollaron esa misma idea en al menos otros cuatro trabajos publicados entre 2005 y 2007.

Ahora bien, tras haber insistido tanto en que los estados democráticos también pueden practicar el terrorismo y que la tortura practicada por funcionarios estatales debía ser calificada de terrorista, Galo Bilbao cambió de pronto de opinión, sin dar explicación alguna al respecto. Para él, lo que era sin duda terrorismo de Estado en 2007 dejó de serlo, de repente, en 2009.

Aquel año, afirmó que ya no identificaba como terroristas «las actuaciones judiciales, políticas o policiales puntuales que hayan supuesto un exceso de violencia o una vulneración manifiesta de derechos humanos (como es el caso de la tortura)». Y encima tuvo el tupé de añadir que aquello no era «exactamente» lo mismo que había defendido hasta entonces, dando a entender que el cambio había sido de escasa entidad.

Fue Xabier Etxeberria quien trató de argumentar aquel repentino cambio sosteniendo, en otro trabajo publicado en 2009, que «A la hora de definir quién es terrorista cabe contemplar dos opciones: una más inclusiva y otra más restringida (la que niega el terrorismo de Estado)» y añadió que él consideraba a la primera, que estaba «sustentada en el pensamiento ético-político, en sí más adecuada, pero la segunda es la que refleja mejor el actual uso jurídico y social que se hace de los términos «terrorista» y «víctima del terrorismo», al menos en nuestro contexto».

Eso sí, Etxeberria reconoció que el Estado tenía mucho que ver con aquel «uso jurídico» que, según él, hacía absolutamente legítimo el repentino cambio de opinión de Galo Bilbao, y tampoco cabe duda de cómo se las arregla el Estado para conseguir que se consolide el «uso social» que le conviene en cada momento.

En todo caso, que yo sepa, desde 2009, ni Xabier Etxeberria ni Galo Bilbao han vuelto a hablar en sus trabajos ni del tema de la tortura ni del de sus víctimas. Y no han mostrado preocupación alguna por ellas, lo que considero muy significativo porque ha sido precisamente desde 2009 cuando se han realizado y publicado importantes trabajos sobre la realidad de la tortura en Euskal Herria. ¿Cómo explican dicha actitud?

Lo que es bien fácil de explicar es que el repentino y nada ético cambio de opinión de Galo Bilbao sobre el terrorismo de Estado se produjera cuando se produjo. Precisamente cuando las autoridades de la Comunidad Autónoma Vasca decidieron que las víctimas del terrorismo de Estado no eran tales sino, por una parte, víctimas de grupos terroristas como los GAL y el BVE, escondiendo que aquellas no fueron sino siglas para camuflar el terrorismo de Estado puro y duro, y, por otra, víctimas de «abusos policiales». Un término que en absoluto refleja el sufrimiento padecido por dichas víctimas y que las discrimina muy claramente.

Al Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo le ha bastado con aferrarse a ello para seguir discriminando a las víctimas y, encima, ha ahondado en dicha injusticia blanqueando a algunos ejecutores del terrorismo de Estado entre los que destacan bien conocidos torturadores franquistas.

Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, en uno de los trabajos incluidos en el libro "Pardines. Cuando ETA empezó a matar", que prologa Fernando Aramburu y cuyo principal patrocinador ha sido la Diputación Foral de Gipuzkoa, donde se blanquea la figura de José Sainz, cuya abyecta labor en la comisaría de Bilbo y en la Dirección General de Seguridad, principal centro de torturas franquista, dejó profundas huellas a cientos de personas torturadas.

Por eso es tan denunciable que en ese trabajo se conceda tanta credibilidad a dicho siniestro torturador, ocultando las salvajes torturas que sufrieron personas como Eva Forest que dejó un detallado testimonio de las mismas, por lo que los autores difícilmente pueden escudarse en la falta de conocimiento.

Para que tampoco puedan hacerlo quienes niegan la existencia del terrorismo de Estado, es de suma importancia impulsar dinámicas basadas en una memoria integral que incluya todas las vulneraciones de Derechos Humanos y, para empezar, apoyar el manifiesto que ha hecho público la iniciativa "Memoria integral, para construir la convivencia", por medio de la web memoriaosoa.eus.

¡Hagámoslo cuanto antes!