Nada hacía pensar a los trabajadores de la UPNA que firmamos esta carta que la concentración del 19 de abril había sido diferente a la de cualquier otro día en la que hemos defendido nuestros derechos laborales. Nada más lejos de la realidad. Casi seis meses después del día en cuestión (límite legal para ser denunciados) nos llegaban las denuncias y una sanción de 450 euros por persona denunciada.

El motivo no puede ser más sonrojante y capcioso: «la celebración de una reunión ilegal en un lugar de tránsito público». Sobra decir que son numerosos los videos y fotos digitales que confirman lo contrario y que muestran a dichos trabajadores reivindicando sus derechos laborales en el Sario, edificio que forma parte del campus de la Universidad Pública de Navarra.

Esta concentración de miembros de la comunidad universitaria en el Sario, aprovechando dicho día festivo en la universidad, lejos de ser algo excepcional, es algo que se viene repitiendo en el tiempo y muestra otra realidad social en el campus frente al acto oficial que se desarrolla en el interior del edificio.
No está de más dejar claro que esa defensa de nuestros derechos laborales se desarrolló de manera festiva y pacífica.

Para mayor indignación nuestra, en ningún momento se nos advirtió por parte de ningún policía foral que molestáramos o hiciéramos algo ilegal, ni se nos pidió abandonar el lugar. Al contrario, se nos requirió, como así hicimos, que nos colocáramos detrás de sus vallas de seguridad.

Y por si esto puede parecer poco, aun hay más. Resulta incomprensible que del grupo de primeros trabajadores que llegamos al Sario solo fuéramos identificados los que teníamos permiso para asistir al posterior acto oficial, a la postre únicos denunciados, mientras que los mismos compañeros que estaban allí pero que no tenían intención de asistir después al acto oficial no fueron identificados y, en consecuencia, tampoco multados. Es kafkiano que la Policía foral identifique solo a los trabajadores que confirmaban haber recibido permiso, que compruebe que todo es correcto, devuelva la documentación sin expresar ninguna queja y seis meses después utilice esos datos para emitir la denuncia.

Para terminar, no queremos dejar de expresar no solo nuestro disgusto por lo injusto de la multa, sino también nuestra honda preocupación por el incierto futuro de la libertad de reunión y de expresión de los miembros de la comunidad universitaria en su propio campus, lugar de trabajo y/o estudio para ellos.