Anton Altamirano y Patxi Nicolau
Sindicalistas de ESK

Osakidetza: bajo la política neoliberal del Gobierno Vasco

Desde  el advenimiento de la crisis sistémica del modelo económico de la globalización, en Europa gobiernos de diferentes tipos, están aplicando las mismas políticas de desmantelamiento de los servicios públicos y privatización de los servicios más rentables, las grandes corporaciones  piensan en la sanidad pública como un negocio. Ya desde la época de Zapatero, hasta los últimos gobiernos de Rajoy, la política del estado, está orientada a privatizar todo lo público y ponerlo en manos de bancos o multinacionales, acompañando de despidos y reducción de servicios, así como la generalización de los copagos.

Políticas que han tenido su contestación social, como, por ejemplo,  la manifestación realizada en marzo de 2013 en Bilbo con más de 15.000 personas y convocadas por los sindicatos de Euskal Herria, donde se denunciaba el gran recorte realizado por Urkullu en los presupuestos generales de más de 1.150 millones de euros, el doble que su predecesor Patxi López con 620 millones.
Situación en Osakidetza

En relación a la Unión Europea el gasto sanitario del Estado español es el tercero por la cola y Osakidetza oculta que el de la CAPV es el cuarto. El gasto sanitario medio por habitante en el conjunto de la UE supera en 59€ al nuestro.

Por otra parte en los últimos años y fruto de las políticas de recorte, no solo no se ha incrementado el gasto sanitario sino que se ha disminuido: 260 millones de euros en la época del Consejero Bengoa. Gasto que los nuevos gestores no han querido elevar en consonancia con las necesidades reales de nuestra sociedad.

Para hacer frente al deterioro de la salud de los sectores más desfavorecidos como consecuencia de la crisis económica (nos referimos al paro, a la vivienda en precario, al aumento de consumo de productos energéticos...), es necesario equiparar nuestro presupuesto sanitario en relación al PIB a la media de los países de la UE (un punto más del PIB).

Los problemas en Osakidetza tienen que ver fundamentalmente con: Precarización abusiva en los contratos profesionales del personal sanitario y del no sanitario, tanto en Atención Primaria como en hospitales. La congelación de la Plantilla entre 3.000 y 5.000 trabajadores, la congelación de sueldos y eliminación de determinados complementos y derechos laborales (bajas, aportación a Itzarri, carrera profesional). Los distintos gobiernos, que han optado por mecanismos de privatización como  la concertación o derivación al sector privado (Peonadas). La disminución espectacular de la inversión en tecnología y en infraestructuras.  La privatización de la atención sanitaria con la no incorporación al sector público del hospital Oncológico de Donostia o de la Clínica de la Asunción. Siendo ambos hospitales privados, subvencionados por el sistema público pero de gestión privada. Privatizaciones de personal Informático y técnico de radiodiagnóstico a través de la sociedad pública Osatek S.A., hospitalización a domicilio de los PACs (Hospidom), o servicios de ambulancias. La existencia de una gestión nefasta de Osakidetza con su política de recortes de camas cuyo único objetivo es el ahorro económico.  El déficit enorme en recursos necesarios de los servicios de Emergencias. Con apelaciones a Darpón, situación en Alava y resto de emergencias, que no han sido contestadas. Déficit de inversión en el sector de atención primaria, (invertimos un 14% del presupuesto, cuando deberíamos situarnos en el 25%), en Salud Pública y en hospitales y camas de subagudos.

Osakidetza incumple, una y otra vez el acuerdo de la Mesa General de la función Pública, en lo referente a externalizaciones, vulnerando el acuerdo en vigor de las condiciones del trabajo.

Pero esta política no le ha salido gratis a Osakidetza; en estos últimos 3 años la unidad de acción sindical dentro de Osakidetza ha servido para enfrentarse, tanto a los recortes de tipo laboral y de derechos sociales como para denunciar los procesos de privatización que de una y otra forma el gobierno de Urkullu intenta realizar con la sanidad Vasca, externalizando y dando a manos privadas, los mal llamados servicios no asistenciales (limpieza, lavandería, cocina, mantenimiento, etc.) para que empresas sin escrúpulos hagan negocio a costa de nuestra salud, siendo el ejemplo más reciente y claro la apertura del Hospital de Urduliz en junio del 2016.

Fruto de esta acción sindical, junto con el apoyo de las trabajadoras y trabajadores, fue la paralización de las privatizaciones de los Call Center y del Centro de Alta Resolución de Gernika, así como del más reciente intento de privatizar el sistema de suministros de cocina del Hospital de Cruces.

La lucha continua, ya que el ataque a los derechos laborales y servicios públicos no ha terminado y mucho nos tememos que vienen tiempos difíciles con más recortes.

En ESK, no tenemos ninguna duda, debemos revertir todas las privatizaciones sufridas, impedir las nuevas y recuperar todos los derechos perdidos, y en esa línea seguiremos trabajando con aquellos sindicatos  dispuestos a enfrentarse a estas políticas.

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