Las imágenes de agentes de la Ertzaintza ataviados con los característicos cascos rojos y demás material antidisturbios se han convertido en un habitual de las noticias en tiempos de COVID. Desde que se decretara por primera vez el confinamiento domiciliario en marzo del pasado año, la policía ha experimentado un aumento de protagonismo en todas las sociedades afectadas por la pandemia. Estas últimas semanas, sin embargo, se ha producido una escalada de actuaciones violentas por parte de la policía autónoma vasca que ha dejado un reguero de heridos y ha revuelto el panorama político de la CAV.

Con los disturbios y posterior toma del Casco Viejo donostiarra por parte de la policía el día de San Sebastian, todo ello tras una simbólica izada de bandera realizada por el propio Ayuntamiento y que provocó la congregación de numerosas personas, la dinámica de choques entre policía y ciudadanos se han extendido a lo largo de diferentes localidades vascas. Estos enfrentamientos, entre los cuales un joven acabó en el hospital con la mandíbula rota por el impacto, presuntamente, de un proyectil de FOAM, fueron aprovechados por el Gobierno Vasco como un revulsivo ante la crisis producida por la gestión de las vacunas. «Mozkorra borroka» fue el término utilizado por el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, para señalar, sin pruebas, a la izquierda abertzale como responsable de esos sucesos y así entrar en un terreno y una dicotomía en la que los jeltzales se sienten cómodos. Anteriormente, el Consejero de Seguridad Josu Erkoreka y diferentes representantes de sindicatos policiales, ya habían suscitado públicamente la posibilidad de que los enfrentamientos fueran premeditados sin aportar, tampoco esta vez, prueba alguna. Sin embargo, la reciente actuación de la Ertzaintza en el conflicto laboral de la empresa ITP Aero en la que un uniformado rompió el tabique nasal a un representante sindical de CCOO frente a las cámaras, ha vuelto a poner en el centro del debate el modelo policial vasco sacando esta vez al PNV de su zona de confort y obligando al mismo lehendakari a pedir disculpas por dicha actuación.

Pese a las disculpas ofrecidas por el presidente del Ejecutivo, tanto Urkullu como el Portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, se apresuraron en utilizar el término «policía democrática» para referirse a la Ertzaintza. Pero, ¿Hasta qué punto es democrática una institución que en los últimos años no ha dado más seña que una constante opacidad? ¿Se ajusta este modelo policial a las características actuales de la sociedad vasca?

El criminólogo norteamericano Herman Goldstein dedicó gran parte de su carrera al estudio y mejora del modelo policial. Goldstein, que también era un interesado del Derecho, afirmaba que la policía como institución se ha limitado a «aplicar la ley olvidándose de resolver los problemas de la gente» y la calificaba como una organización autorreferente en la que «todo empieza y termina en ella misma», alejándose de esta manera de la realidad. Cierta semejanza podemos ver en el caso vasco en el que el gobierno de Urkullu, sumido en la gestión de la crisis sanitaria, antepone la adquisición de nuevos furgones blindados y armamento para la policía autonómica en detrimento de medidas económicas y sociales que ataquen a las consecuencias directas que nos deja el coronavirus. Siguiendo con la referencia a Goldstein, el gobierno actúa de manera inmediata valiéndose de la legitimidad que le otorga el poder ejercer la violencia legal ante hechos puntuales sin atajar el verdadero problema que origina esos mismos hechos; una creciente crisis que abarca prácticamente todos los estratos de la sociedad moderna.

Pero, en lugar de detenerse a estudiar el por qué de los sucesos y poder buscar una solución que aplicar en la raíz de estos conflictos, tanto las inversiones anteriormente mencionadas, como la omnipresente campaña “Egin zaitez Ertzain” nos señalan el camino emprendido por el Gobierno Vasco de cara a su concepto de «policía democrática»: Más de lo mismo. Seguiremos pues sin tener un correcto control parlamentario transparente de una policía pagada con los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas que permita esclarecer y depurar responsabilidades en actuaciones desproporcionadas como las de estas últimas semanas así como llegar al fondo en asuntos de extrema gravedad como el operativo del «entren con todo» que terminó con Iñigo Cabacas muerto de un pelotazo, la muerte de un agente en pleno operativo policial en Bilbo, el suceso en Donostia en el que una patrulla se precipitó al Urumea o la muerte por otro pelotazo de Rosa Zarra en 1995 entre otros muchos. En definitiva, seguiremos sin una transparencia real que permita ganarse la confianza de los ciudadanos.

Hemos entrado en el año del décimo aniversario desde que el conflicto vasco pasara a una nueva fase. En esta década se han producido muchos cambios en el seno de la sociedad vasca y estaría bien que, como diferentes fuerzas políticas ya han realizado, el Gobierno Vasco y la propia Ertzaintza realizaran una autocrítica y una introspección para poder adecuarse al momento que vivimos y dejar atrás modelos y actuaciones del pasado para, como decía Goldstein, ofrecer así «un servicio que mejore las condiciones de vida de la población» y no al contrario.