En noviembre de 2015, como consecuencia de una mala relación de pareja, se acusó a un algorteño de la acción más cruel que se puede realizar a un padre: de abuso sexual a su hija. Tras ese episodio, y a la sombra de una mentira fruto del odio y la ira, utilizando estructuras sociales y políticas, todo su mundo se desmoronó: este algorteño perdió su trabajo, sus amigos, su vida en general.

La normalidad dejó de ser un concepto existente en su vida y pasó a sentirse acosado, acorralado, solo, maltratado… Y no solo él, su entorno de apoyo también ha sufrido acoso, dolor, desprecios en la calle… una caza de brujas. Así empezó su historia, y también una estigmatización extrema hacia su hija. Y por ello queremos aclarar lo que realmente ha sucedido, desde lo judicial, y lo más objetivamente posible, ya que el dolor por este hecho lo pasará su familia, sus amigos y él.

Tras los ataques sufridos el domingo 24 de junio de 2018 por nuestra familia en Algorta, en la vivienda y negocio con pintadas calumniosas y dianas amenazantes, pasquines con las fotografías y textos injuriosos contra los tres (una madre –una mujer de 74 años–, y sus dos hijos) queremos manifestar:

1. Que la acusación mantenida contra nuestra familia ha sido resuelta en noviembre de 2017 con sentencia absolutoria firme, no recurrida por la denunciante, ni por Fiscalía.

Tras una instrucción amplia, con todas las pruebas solicitadas por las acusaciones y practicadas en el Juzgado de Instrucción de Bilbao, se dictan dos autos de sobreseimiento en abril y mayo de 2016 del Juzgado; y un juicio en la Audiencia Provincial de Bizkaia, con unanimidad de los tres magistrados, con todas las garantías, se concluye con sentencia Absolutoria para nuestro familiar contundente y demoledora, sin atisbo de duda y que nadie recurre.

2. Denunciamos de forma rotunda la vulneración de derechos físicos y psíquicos de los menores, agresiones o abusos de cualquier índole.

Con la misma contundencia, rechazamos cualquier tipo de manipulación y falta de información real, y manifestamos el profundo rechazo a la instrumentalización y utilización de los menores en este tipo de situaciones.

3. Tras la sentencia de 27 de junio de 2018, que establece una ampliación progresiva de las visitas, para recuperar la magnífica relación con el padre, siguiendo las pautas de los informes imparciales de los técnicos y psicólogos del Juzgado.

La madre, en vez de velar por el interés superior de la menor y su bienestar físico y emocional, está obstaculizando ese fabuloso reencuentro padre-hija, como así manifiestan los psicólogos judiciales. Su entorno continúa realizando actos violentos, intimidatorios, provocando un linchamiento inquisitorial, como el ocurrido el pasado domingo 24 de junio.

Pese a la advertencia que se le hace en la sentencia a la madre, sobre el hecho de que se le retirará la custodia si sigue obstaculizando el derecho de la hija a mantener una relación normalizada con el padre, y sigue transmitiendo una imagen negativa de la familia paterna a la niña.

Los menores tienen derecho a crecer con estabilidad psicológica y emocional, y a no ser utilizados por sus progenitores.