Director de Tar Anall, asociación de expresos políticos republicanos
Por una ciudadanía plena e igualitaria en el Norte de Irlanda

El enfoque partidista para facilitar un plan de pensiones solo para una parte de la comunidad de víctimas y sobrevivientes del conflicto es moral y políticamente inaceptable

11/08/2020

El 31 de enero de este año, el Gobierno británico, sin consultar a ninguno de los nuevos partidos del ejecutivo sobre este asunto ya transferido, introdujo regulaciones (legislación secundaria) para el establecimiento de un esquema de pago para aquellos que resultaron heridos graves durante el conflicto. En la consulta anterior, a la que respondieron muchos de nuestros usuarios del servicio, el NIO propuso que «cualquier persona lesionada ‘por su propia mano’ y posteriormente condenada como resultado» fuera excluida del esquema. Eso tendría implicaciones solo para un puñado de expresos políticos, lo que aún así sería problemático. Sin embargo, la regulación de las pensiones propuesta por el Gobierno británico en enero de 2020 aumentaron significativamente el número potencial de víctimas a excluir, al incluir a cualquiera que haya cumplido una condena de dos años y medio o más, ya sea por un cargo relacionado con el conflicto o no.

Esta propuesta no solo socava el espíritu y la letra del acuerdo del Viernes Santo, sino también todos los acuerdos posteriores que identificaron claramente la necesidad de «facilitar» y «mejorar la reintegración de los exprisioneros», incluida la implementación del «concepto de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración), que la práctica internacional considera el mejor enfoque para poner fin al conflicto».

Además, esta propuesta erosiona el Acuerdo de Stormont House 2014, en el que todas las partes acordaron «continuar trabajando para buscar un camino aceptable para avanzar en la propuesta de una pensión para los heridos graves». Nadie puede argumentar que la regulación establecida en el régimen de pensiones de víctimas del Gobierno británico, que discrimina claramente a una sección de víctimas, pueda considerarse como un camino aceptable para avanzar. De hecho, esta propuesta está en conflicto directo con los resultados recogidos al finalizar el proceso de Consulta del Legado de NIO en octubre de 2018: «la mayoría de las respuestas mencionaron la necesidad de garantizar que cualquier nuevo enfoque del pasado debía ser no partidista, cumplir con los derechos humanos, estar basado en la igualdad y debía generar confianza de las comunidades locales».

En cambio, la propuesta de reglamento establecido por el Plan de Pensiones de Víctimas del Gobierno británico agrava aún más las discriminaciones experimentadas por los expresos políticos y se niega a proporcionarles una ciudadanía plena e igualitaria.

El reglamento propuesto, si se acepta, socava totalmente la integridad de la oficina de los Servicios de Apoyo a las Víctimas (VSS), que se rige por la Orden de Víctimas y Sobrevivientes de 2006, que incluye a todas las víctimas del conflicto y que fue apoyada por los principales partidos. Muchos expresos gravemente heridos reciben el apoyo del VSS, según lo definido en la orden de 2006.

El 30 de enero de 2020, los exprisioneros políticos que a consecuencia del conflicto tuvieron heridas que cambiaron sus vidas se acostaron como víctimas reconocidas bajo la orden de Víctimas y Sobrevivientes 2006 y se despertaron el 31 de enero para saber que ya no serían clasificados como víctimas debido a la regulación de las pensiones de las víctimas del Gobierno Británico.

Sinn Fein informó a todos los interesados ​​que no formaría parte de ningún intento de excluir a las víctimas no estatales de cualquier plan de pensiones y pidió la introducción inmediata de una pensión que satisfaga las necesidades y los requisitos legítimos de todas las víctimas. Ningún otro partido político ha seguido su ejemplo.

Para agravar el problema, el Gobierno británico también ha previsto, en virtud de la legislación de pensiones, permitir que el juez designado del Tribunal Superior que dirija el panel de revisión de pensiones escuche presentaciones en privado de «evidencias materiales» que le permitirán rechazar solicitudes. Muchos en el ámbito de los derechos humanos y la profesión legal creen que la referencia a «evidencia material» servirá para el uso de material clasificado con el fin de negar a los solicitantes el acceso a la pensión de víctima. Hay muchas víctimas del conflicto que han sido internadas sin pruebas, pasando años en prisión, cuando la única evidencia en su contra fueron las falsificaciones de los servicios secretos. ¿Cómo se puede esperar que tengan confianza en el procedimiento de solicitud cuando tales medidas abusivas siguen disponibles?

El enfoque partidista para facilitar un plan de pensiones solo para una parte de la comunidad de víctimas y sobrevivientes del conflicto es moral y políticamente inaceptable.

Las propuestas y regulaciones establecidas dentro del plan de pensiones han creado enfado y frustración a muchas personas que han sufrido a manos de las fuerzas estatales británicas y paramilitares lealistas. Muchas víctimas sostienen que el relato aceptado por el Gobierno británico es que hay una ley para los protagonistas estatales y otra para todos los que sufrieron en sus manos.

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