Somos personas dispuestas a superar siglas y expresarnos conjuntamente a favor del respeto de los derechos humanos». Así iniciábamos la lectura del documento que ”konpONbidea”, hizo público el pasado día 15 de marzo, en el Museo de San Telmo de Donostia.

Documento que representa el esfuerzo de unidad de mujeres y hombres de nuestro Pueblo, preocupados por un proceso de paz, que no termina de arrancar, estancado, fruto del interés de algunos de presentar el mismo como la victoria de unos sobre otros.

Asistimos desde la preocupación, a un rifirrafe continuo de declaraciones y contradeclaraciones, sobre lo que debe de hacer el colectivo de presos vascos, a partir de la decisión de ETA, de octubre de 2011, de poner fin a su actividad armada.

Difícilmente se podrá rebatir que desde esa fecha hasta hoy los únicos pasos, en positivo, que se han producido, son los de la citada decisión de ETA; la declaración del colectivo de presos vascos del EPPK; y la comparecencia de más de un centenar de exiliados vascos en Altsasu, el mismo día que hacíamos publico el documento de San Telmo.

Tres hitos importantes, dados por una de las partes, por ninguno en positivo por parte del Gobierno Español. Y digo bien lo de «en positivo», porque sí ha habido pasos del Gobierno Español, pero en sentido contrario a lo que demanda la inmensa mayoría de la sociedad vasca y una parte importante de la española.

No creo que haya ejemplos, en ningún otro lugar del mundo, donde una organización armada pone fin a su actividad de manera unilateral, manifiesta su interés e intención de entregar sus zulos y armamento, y un Gobierno que se niega a recepcionar  y recoger este armamento.

No hay, tampoco, ejemplos en ningún otro lugar donde un grupo de expertos internacionales con amplia experiencia en la resolución de conflictos violentos, volcados en mediar y posibilitar el fin del conflicto, que sean llamados a declarar ante la Audiencia Nacional, por intentar un proceso de paz ordenado y serio.

Y mientras todo esto ocurre, nos encontramos un día sí y otro también con las declaraciones cruzadas entre partidos políticos y sus líderes, de obediencia vasca, lanzándose los trastos a la cabeza y debatiendo, públicamente, sobre lo que deben de hacer los presos vascos.

El EPPK ha manifestado, con claridad, que asume la legislación penitenciaria española, y que acorde a ella dará los pasos individuales para que les sea de aplicación dicha legislación. Blanco y en botella. Y es a partir de esa manifestación donde se monta la gresca, entre unos y otros.
Ya no vale con el reconocimiento del daño causado. Ahora se exige la petición de perdón y arrepentimiento. E incluso, desde ámbitos institucionales vascos, se pone en duda la sinceridad de esta apuesta y se llega a hablar de movimientos electoralistas. Creo que se están traspasando muchas líneas rojas.

No puede ser que ayer se estuviera exigiendo a los presos vascos, asumir y aceptar la legislación penitenciaria y cuando lo hacen, se argumente que se ha hecho por electoralismo. Electoralismo, ¿de quién? ¿para quién?

Pero hay algo que no se está diciendo con clari-dad. Lo que hoy los presos y presas vascos están solicitando es, simplemente, el traslado a las cárceles vascas. El fin de la política de dispersión. Están exigiendo el cumplimiento de la Ley General Penitenciaria que, con claridad, indica, que todo preso debe cumplir su condena cerca del lugar de su residencia. No se está pidiendo nada más.

Y a partir de esta petición, escuchar al ministro del Interior decir que «habrá que estudiar si estas peticiones de traslado individuales se hacen con sinceridad o es un fraude de ley», cuando menos es insultante. El ministro más mentiroso y nefasto de todos los gobiernos habidos y, seguro, de los que habrá, está planteando un estudio en profundidad de la sinceridad en la exigencia del cumplimiento de la ley.

Estamos ante un claro acto de prevaricación y se está cometiendo fraude de ley manteniendo la dispersión de los presos y anunciando su oposición a estos traslados.

25 años después del inicio de la dispersión no podemos permanecer impasibles ante lo que supone un castigo añadido a las familias de los presos y que tanto sufrimiento, incluso muertes, ha ocasionado durante este largo tiempo.

No podemos permanecer impasibles, como si todo esto no fuera con todos nosotros y noso-tras. Es la hora de la sociedad civil. No se preten-de ser sustitutos de nadie. Ni de instituciones, ni de partidos políticos. Pero es necesario que tejamos una amplia y fuerte red social que se impli-que por una solución integral de este conflicto.

Memoria, Justicia y Reparación, esos deben de ser nuestros instrumentos para avanzar.
Pero una memoria inclusiva, no parcial. Una memoria que no centre su atención, exclusivamente, en una parte de las víctimas. Una memoria, que atienda por igual a aquellas otras que también han sufrido las consecuencias de este largo conflicto. Victimas que también tienen familias que han sufrido, muy directamente, el zarpazo de la violencia.

Porque no hay violencia buena o violencia mala. Toda es rechazable, por lo menos para mí. Y si cabe, es mucho más rechazable aquella que se ha ejercido desde el poder, aquella que se ha realizado utilizando los fondos reservados y las cloacas del Estado. Y que, por cierto, sus autores directos y los denominados «intelectuales», muchos de ellos, no pisaron la prisión. Y a los  que sí pernoctaron alguna noche en ella no se les exigió para su libertad, nada de lo que se está exigiendo hoy al colectivo de presos del EPPK.

Y no quiero dejar de referirme, cómo no, a las víctimas ocasionadas por la violencia ejercida por ETA. A estas víctimas, como a las de cualquier otro signo, se les debe respeto y apoyo. Y todo esto está reñido con la utilización política que constantemente se está haciendo de ellas. No solo por parte del Gobierno y de algunos parti-dos políticos. También por parte de algunas asociaciones que les importa más la utilización de estas personas que sufren que la búsqueda de soluciones.

Todas las víctimas deben de tener su espacio en cualquier proceso de paz, pero sin confundir su cometido. No pueden, ni deben, tratar de condicionar las políticas de los gobiernos. Tampoco la política penitenciaria.

Las víctimas de la violencia ejercida por ETA, tienen ya organizaciones que dicen defenderlas. Tienen también al Gobierno español, quien a través de una legislación especial propia se preocupa de su defensa.

Las otras víctimas son las olvidadas. Como lo son, también, los y las presas, pertenecientes a ETA, o acusadas de ello, que no están siendo tenidas en cuenta en este nuevo tiempo.
Por eso, la fecha del 12 de abril, anunciada en el Documento de San Telmo como jornada de debate y reflexión sobre lo que está pasando en este proceso de paz, es una fecha que nos interpela a todos y todas. No estamos ante un debate ideológico, abertzales o no abertzales. La defensa de los derechos humanos, también los de las personas presas, nos interpela a todas las personas. Cualquiera que sea su ideología. Es un debate sobre los derechos humanos.

Yo quiero invitar, vehementemente, a que ese día sea una explosión de compromiso por un proceso de paz, en la que la palabra sea nuestra única arma. En el que debatamos, busquemos sinergias, complicidades, para avanzar. Para hacer frente, democráticamente, con la palabra y, si fuera necesario, con la movilización, al inmovilismo de los que quieren que nada cambie. De aquellos que se sienten cómodos con una ETA inactiva y no disuelta, porque de esta forma pueden seguir hablando de la violencia, como si nada hubiese cambiado desde octubre de 2011. Y de esta forma, rehuir otros debates existentes en nuestra sociedad.

Debatamos pues en libertad, sobre todo lo que también nos afecta a nosotros. No solo sobre la dispersión. También sobre la necesidad de poner fin a las excepcionalidades en algunas leyes que posibilitan cadenas perpetuas encubiertas para este colectivo de presos. O el mantenimiento en prisión de personas con graves enfermedades.

Alcemos nuestra voz contra la vulneración de los derechos de las personas presas. Como decíamos, en el Documento de San Telmo, quienes hoy se encuentran en prisión, lo están por haber sido juzgadas y condenadas o lo están de manera preventiva. Pero esta privación de libertad no puede llevar aparejada la privación de cualquier otro tipo de derecho.
Es obligación de todos y todas implicarnos en este trabajo, para que este nuevo e ilusionante tiempo no se fustre. Y si las leyes actuales posibilitan vulneraciones de derechos humanos, cambiemos esas leyes.

Si nuestra fuerza es la palabra, hagamos uso de ella. 12 de abril, fecha para la reflexión y el debate.