No se trata de las negociaciones que se anuncian entre la Federación Rusa y la Ucrania de Zelensky. Menos aún de la bajada de persiana de los kurdos del PKK, tras 40 años de resistencia armada, a la que, por cierto, Erdogan ya ha puesto peros. Sino de otra iniciativa, esta vez científica, con supuesta validez jurídica (lo escribo con lo del «supuesto» porque, a pesar de su entrada en vigor el 4 de diciembre de 2000 tras refrendo de la Asamblea General de Naciones Unidas, algunos Estados, entre ellos Francia y España, han mirado para otro lado). Aunque conocido como Protocolo de Estambul, su enunciado oficial dice que es el "Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". La Unión Europea lo ratificó también, posteriormente.

Han pasado 25 años y aún policías, fiscales, jueces y, sobre todo, medios de comunicación, siguen en babia interesadamente. Reconocer la tortura sistemática no parece estar en la agenda de quienes llevan las riendas de los Estados. Para ello, y en el caso español, su Ministerio de Justicia difundió el Decreto Real que en uno de sus párrafos afirmaba: «También la versión revisada del Protocolo de Estambul presentada en Ginebra el 29 de junio de 2022 muestra el papel fundamental que cumplen los expertos forenses en la investigación de la tortura y del maltrato. Sus recomendaciones constituyen un estándar internacional más que debe aplicarse en nuestro país tanto en los institutos de medicina legal y ciencias forenses como en todas las instituciones que puedan asistir a personas privadas de libertad». Como habrán leído a mitad del texto, la frase es bien concisa, con el soporte además del Ministerio de Justicia: «debe aplicarse en nuestro país (España)».

Ante la dificultad de demostrar las torturas y la sofisticación progresiva de los torturadores y sus métodos, y tras tres años de trabajo en común, grupos en los que participaron médicos, psicólogos, juristas y expertos en derechos humanos que representaban a más de 40 organizaciones, incluyendo varias asociaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Unión de los Médicos de Turquía o el Grupo de Médicos por los Derechos Humanos de EEUU, publicaron un primer informe, en 1999. Ahí surgió el nombre: Protocolo de Estambul. En 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas lo aprobaba.
 
Años más tarde, en 2005, una redada policial de las llamadas «preventivas» concluyó con varios jóvenes de Gernika en comisaría. Maite, una de las detenidas, presentó una denuncia por torturas que afectaba a cinco policías nacionales (cuatro hombres y una mujer, que fueron identificados). Desde entonces, el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid desestimó por dos ocasiones la denuncia. Finalmente fue aceptada y el juicio contra los cinco agentes se celebró en diciembre de 2010. Y por primera vez, al menos en Euskal Herria, los abogados de la denunciante presentaron como soporte de la acusación la aplicación del Protocolo de Estambul a Maite, cuyos resultados eran concluyentes: había sido torturada. No mentía. Los jueces, sin embargo, absolvieron a los agentes. Según sentencia, «Es posible que los hechos denunciados sean radicalmente falsos, para vengar su detención con falsas acusaciones». El tribunal añadía que «existen motivos para dudar de la credibilidad subjetiva de la denunciante» al tiempo que otorgaba valor a la declaración de dos agentes «con amplia experiencia en la lucha contra el terrorismo» que dijeron en el juicio que ETA «alecciona a sus militantes sobre la conveniencia de presentar denuncias por torturas sistemáticamente». El comodín de esa diligencia que jamás han exhibido.

Desde aquella primera vez, el Protocolo de Estambul ha sido ninguneado por jueces, fiscales y medios de comunicación. El caso de Iratxe Sorzabal fue paradigmático. En 2020, la Corte de Apelación de París dio validez al Protocolo de Estambul, apuntando incluso no contar con elementos que le permitieran descartar la existencia de torturas en España. Rechazó la euroorden contra Sorzabal que finalmente concluyó extraditada. Las presiones y naturaleza policial y judicial hispanas hicieron su efecto, como también en los dos juicios que la condenaron en la Audiencia Nacional, en los que el Protocolo de Estambul fue considerado papel mojado. Sin embargo, en un tercer juicio del mismo tribunal, la constatación de las torturas ha sido relevante. Una decisión, sin duda, histórica.

Y así ha sido notorio que durante estas dos últimas décadas, jueces y medios de comunicación han obviado e incluso denigrado el Protocolo de Estambul. Con un único fin: tapar la tortura, lo que aporta un grado de complicidad en su ejecución sistemática. En 2014, un juez llegó a dictar en sentencia contra jóvenes vascos que la aplicación del Protocolo de Estambul «Nos lleva a la consideración de que tal medio probatorio carece de la suficiente entidad» y que su fin es el de «desvirtuar el principio de presunción de inocencia en la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado».

Tras el reconocimiento de las torturas a Sorzabal por parte de la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, hay otro peldaño de momento insalvable: la mayoría de medios de comunicación. Con motivo de los reconocimientos de decenas de torturados en la CAV y en la CFN, la noticia ha sido redactada maliciosamente con el añadido de «supuestos torturados». ¿Cómo es posible que la validación oficial de dos instituciones del Estado como son el Gobierno autónomo vasco y el Gobierno navarro no tengan «entidad» en estos casos? El reconocimiento es oficial. Ya el IVAC certificó al menos 200 torturados a los que aplicó el Protocolo de Estambul. Su validez universal parece ser que vale para Ankara, Pretoria o Washington. Pero no así para las cabeceras de numerosos medios que, una vez más, se alían con criterios que algún juez, en su sano juicio, calificaría que coquetean con la delincuencia.