Politólogo y activista social
PSOE, UP y los derechos sociales

ahí andan enredados todavía PSOE y UP en un tira y afloja estéril, sopesando en la trastienda qué réditos obtendrían de celebrarse nuevas elecciones, aunque no hay que ser muy espabilado para darse cuenta que, a grandes trazos, los resultados del conjunto de la izquierda serían muy similares a los del pasado 28 de abril (salvo el propio trasvase desde PSOE a UP y viceversa).

26/08/2019

Derecho a trabajar, a la vivienda,
derecho a protección del dependiente,
a recibir ayuda suficiente
en caso necesario de la Hacienda,

derecho a la salud (no admite enmienda),
derecho a disfrutar del medio ambiente,
a la cultura, al ocio inteligente
no sólo para el Inda y el Marhuenda,

Derecho tras derecho conculcado
para el trabajador, el jubilado…
Para ti y ¿qué va a ser de tu futuro?

Derechos todos hoy papel mojado,
pero que si los peleamos duro
serán por siempre nuestros de seguro.

En la recta final de agosto, según nos relatan Carmen Calvo y Pablo Echenique, se suceden las ofertas y contraofertas entre PSOE y UP para alcanzar un acuerdo que «evite» nuevos comicios en noviembre (entrecomillo el verbo evitar porque, a estas alturas del culebrón, dudo ya si esa es la verdadera voluntad de ambas formaciones).

Al parecer, y más allá de las diferencias con respecto a la solución del conflicto catalán y al reparto de ministerios, en lo que sí que coinciden los dos partidos es en la necesidad de formar un gobierno estable que garantice «el blindaje de los derechos sociales» (los enumerados en el soneto y alguno más). En realidad, ahí reside lo mollar para la ciudadanía.

Quizá haya quien se pregunte: «Pero, si los derechos sociales son, su propio nombre lo indica, derechos, es decir, me pertenecen por el mero hecho de ser ciudadano, ¿por qué hay que blindarlos?».

A diferencia de los derechos civiles y políticos (derecho al honor y a la intimidad, a la libertad de expresión, a la huelga, al sufragio…), los derechos sociales no poseen la categoría de fundamentales y, por tanto (agárrense) no puede reclamarse en su defensa la protección directa del Estado. En ocasiones, incluso, el mismo Estado es quien los viola flagrantemente. Veámoslo.

Imagínese (Dios no lo quiera) que, aprovechando que está usted fuera de su domicilio por vacaciones (si es de los afortunados que pueden viajar), un ratero saquea su casa. Tras presentar la denuncia pertinente, contaría, entonces, con el respaldo de policías y jueces para recuperar lo sustraído y que se detuviera al caco.

En cambio, si una familia se ha retrasado con el pago de sus cuotas hipotecarias la entidad bancaria o el fondo buitre de turno reclamarán el desahucio y los mismos policías y jueces antes citados, ignorando por completo el art. 47 de la CE que establece de forma literal el «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», se encargarán, aunque no exista alternativa habitacional, de que el desahucio se ejecute.

No es, pues, baladí, desde un punto de vista jurídico, que el grueso de los derechos sociales se encuadre bajo el epígrafe «De los principios rectores de la política social y económica» en lugar de integrarse dentro de «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas».

Siguiendo la Constitución, el reconocimiento y la protección de los derechos sociales sólo podrá alegarse ante la jurisdicción ordinaria, según se disponga en las legislaciones que los desarrollan. O sea, que para que los derechos sociales estén asegurados es necesario elaborar leyes que los regulen de manera inequívoca. Y, por fortuna, a día de hoy y con la composición actual de las Cortes es posible articular las mayorías suficientes para sacar adelante las normativas preceptivas.

Sin embargo, ahí andan enredados todavía PSOE y UP en un tira y afloja estéril, sopesando en la trastienda qué réditos obtendrían de celebrarse nuevas elecciones, aunque no hay que ser muy espabilado para darse cuenta que, a grandes trazos, los resultados del conjunto de la izquierda serían muy similares a los del pasado 28 de abril (salvo el propio trasvase desde PSOE a UP y viceversa). Además, con otros comicios se correría el riesgo de que, por mor de la ley D'Hondt y de la circunscripción provincial, el PP se recuperara y cerrara en un cuarto de hora un acuerdo con Ciudadanos y Vox para convertir a Pablo Casado en Presidente.

No cabe duda que durante este periplo va aumentando en paralelo el descrédito de la política entre la gente de a pie, lo que, sin la menor duda, es algo muy perjudicial para la salud democrática de una sociedad.

Mientras en castellano disponemos de una sola palabra para referirnos a todo lo relacionado con la política, los anglosajones emplean hasta 3: Polity, politics y policy. La primera apela a la ideología, a la concepción de las distintas formas de Estado y Gobierno y a su institucionalización. Politics, en cambio, alude a la discusión y al debate público en sí (el teatrillo de la segunda investidura fallida de Pedro Sánchez y las declaraciones cruzadas por los líderes de los distintos partidos durante el verano en los medios de comunicación encajan a la perfección en la definición de politics). Por último, policy equivaldría a las medidas específicas que se desarrollan para conseguir unos objetivos prefijados.

Obviamente es el momento de que nuestros representantes se dejen de tanta politiquería (politics) y, en base a los intereses comunes (polity), garanticen el respeto y la defensa de los derechos sociales (policy). A ver.

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