¿Qué pasa con el nuevo estatus?

Nos acercamos, pues, a un momento crítico que la sociedad debe ser, también, protagonista

20/10/2019

Elecciones, Cataluña, libertad de presos, agenda social, jornadas feministas… son referencias para el curso político en marcha. Entre esas cuestiones, como un «guadiana» interminable, volverá a aparecer el nuevo estatus político, actualmente «sumergido» en la comisión de expertos designada por el Parlamento de Gasteiz para concretar un articulado acorde con las Bases y Principios aprobados por la mayoría parlamentaria de PNV y EH Bildu. Como tantos ciudadanos y ciudadanas de este país nos preguntamos: ¿Qué pasa con el nuevo estatus político? Para responder a esta pregunta es necesario situar el origen y el «camino» realizado para evaluar el actual escenario. Desde hace más de dos décadas, el «agotamiento» del Estatuto-Amejoramiento es un lugar común de análisis de un amplio espacio político, sindical y social. Lizarra, Plan Ibarretxe, Loiola han sido referencias de esa voluntad de establecer un nuevo modelo de relación entre el sujeto(s) político vasco y el Estado. El fracaso de esos intentos abrió una etapa (2009-2012) donde el unionismo, aprovechando la ilegalización del independentismo, «enterró» el debate y su proyección parlamentaria.

Tras el cambio estratégico de la izquierda abertzale y la «normalización» de la representación político-institucional, se retoma ese «tránsito» entre autonomismo y un marco de soberanía. Así abordó Urkullu la lehendakaritza en 2012: «Para el año 2015 Euskadi debe contar con un nuevo estatus político (...) Un acuerdo que incluya la asunción del principio de respeto a la voluntad libre y democráticamente expresada por la  ciudadanía (...) aspiro a que todos los territorios vascos puedan decidir libremente el grado y vínculo de sus relaciones, incluida la posibilidad de conformar un marco institucional unitario, si esa es su voluntad mayoritaria (...) Euskadi debe ser nación en Europa. Junto a algunas que ya están como Estonia o Croacia. Junto a otras que piden paso, como Escocia, Flandes o Catalunya…».

Desde entonces, ¿qué ha pasado con el «nuevo estatus»? En mi opinión, hay cuestiones de diferente naturaleza a considerar. Una, por supuesto, la estrategia de «freno» que Urkullu ha venido realizando tanto a nivel institucional como social, en paralelo a su rechazo a la gestión de mayorías con EH Bildu. Como alternativa se instala una «necesidad de transversalidad» que concede al unionismo capacidad de veto y, también, control de los «tiempos». Otra, indudablemente, los efectos de la involución en el Estado. El PNV ha interiorizado que «no son tiempos» para «aventuras» ante los aires de «contrarreforma» en España, planteando un discurso de «gestión del miedo» que suena como antesala a renuncias políticas. Así, contraponen el falso «oasis» vasco al «caos» catalán e inestabilidad española para seguir en la «bicicleta estática» que emana del autonomismo vigente. Es decir, un conservadurismo nacional y social buscando asentar su hegemonía y punto.

En esta tendencia, el acuerdo en el Parlamento Vasco abrió una rendija de esperanza. Las “Bases y Principios” acordadas por PNV y EH Bildu eran un cimiento adecuado para ese objetivo de «nuevo modelo de relación» para un «nuevo ciclo político», que decía Urkullu en el último Alderdi Eguna. Y ¿desde entonces qué? Pues bien, estamos asistiendo, en forma y fondo, a un proceso preocupante. En forma, la decisión de delegar la elaboración del texto articulado en una comisión de expertos ha servido para dilatar el proceso parlamentario hasta, probablemente, la próxima legislatura. ¡Y eso que era para el 2015! Y, en fondo, para constatar que las Bases y Principios están siendo para el PNV una referencia de uso discrecional para buscar una «nueva mayoría» a costa de devaluar sus contenidos en el articulado. Es decir, hay un intento en la comisión de expertos de dar la vuelta al acuerdo mayoritario del Parlamento.

A pesar de todo, ese objetivo de ampliación del acuerdo a PSE y/o Podemos está chocando con una realidad que el PNV se resiste a aceptar. Ambos partidos siguen anclados en el modelo constitucional-estatutario vigente huyendo de cualquier «nuevo modelo de relación» sobre los ejes de reconocimiento nacional, institucionalización del principio democrático de derecho a decidir, nuevo marco de autogobierno y un sistema de garantías que caracterice una relación bilateral de naturaleza confederal. No están en ese planteamiento, ni se les espera. Las recientes palabras de López Basaguren, considerando el concepto de «concierto político» como una «ocurrencia» y rechazando el derecho a decidir, son, al efecto, bien elocuentes. Por tanto, ¿qué va a hacer el PNV? Tiene varias alternativas. Negociar con EH Bildu un articulado –con un Plan Ibarretxe de referencia de consenso– acorde a la Bases y llevarlo al Parlamento y sociedad vasca ya. Especular con la amalgama resultante de la comisión de expertos, volviendo a dilatar el proceso hasta la siguiente legislatura o plegarse a una mera reforma del estatuto en los parámetros «constitucionales» de PSE y Podemos.

Nos acercamos, pues, a un momento crítico que la sociedad debe ser, también, protagonista. Debe abrirse ya esa «burbuja» de silencio sobre los trabajos de la comisión de expertos, revelándose la foto de situación y compartiendo esa radiografía con el movimiento social, sindical… pues, además, no hay ni habrá un nuevo modelo de relación con el Estado sin una simbiosis de objetivos y estrategia entre instituciones y sociedad. La experiencia del Plan Ibarretxe no se puede repetir. Y desde luego, tenemos que situarnos en el pulso global en torno al modelo territorial. Cataluña y los territorios vascos del sur tienen que ser aliados en su estrategia para un cambio del modelo territorial sobre bases democráticas –plurinacionalidad, autodeterminación–, como base para el desarrollo de nuestras respectivas escalas democráticas. Así pues, son tiempos de dignidad y firmeza, de inteligencia y perseverancia para ganar un futuro para las nuevas generaciones. Es necesario y es posible.

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