Lo harán incorporando aquellos temas que han permanecido «dormidos» durante la época estival. Además del duro atentado de Barcelona, volverán al primer plano, el fútbol, la vida política con sus permanentes  fraudes y contradicciones, también los accidentes laborales, además de las deleznables agresiones sexuales y cómo no, la pléyade de corruptos que pulula por «la piel de toro».

Sin duda serán muchos más los apartados informativos que inunden los hogares, pero desde mi óptica personal, la mayor relevancia social –junto a las agresiones  sexuales– la aporta lo referente a la “pléyade de corruptos”.
 
Normalmente se trata de  personas cuya trayectoria profesional presenta «zonas oscuras» que jamás son investigadas, lo que con el transcurso del tiempo contribuyen  en  mitificar sus logros. Con frecuencia nos encontramos  ante individuos  que  chapotean inmersos en el poder bancario, lo que facilita la «complicidad» de los medios de comunicación, consiguiendo que el delincuente económico, goce de una cierta aureola de éxito en la consideración social, –probablemente–, en correspondencia al «oxigeno» inyectado en sus problemas de liquidez.

Atraídos por la fama y el boato, estos gestores de alta alcurnia «plenos de eficiencia intelectual» son incapaces de renunciar a nada. Disfrutan de una posición privilegiada, ya que son conscientes de estar protegidos por el manto de la impunidad, y en consecuencia ejercen sin rubor alguno, como insaciables depredadores  del dinero público.  

La experiencia de la última década en cuanto al delito financiero conocido, permite analizar el trasfondo del «modus operandi» desde un prisma político-económico. Es desde esta posición desde la que cabe preguntarse, por qué la legislación de los delitos financieros es tan «tímida» comparativamente y tan «tibia» jurídicamente.  Aunque lo que más sorprende a un «lego» en derecho como lo es el autor de este trabajo, sea precisamente su aplicación, por qué es tan laxa, tan «conciliadora».

Este «aparente» contubernio entre delincuentes y legisladores, hace que ante las grandes crisis bancarias, las quiebras de sociedades mercantiles o los fracasos de fraudulentas inversiones, que terminan siendo «absorbidas» con dinero  público, la sociedad civil sea consciente de que los principales responsables de semejantes hechos delictivos, eludirán  a aplicación de la ley con relativa facilidad.

No les falta razón, es por eso que los grandes poderes financieros cuentan en sus filas con los mejores profesionales, con capacidad para cometer fechorías sin dejar el más mínimo rastro, o para defenderlos. Sin olvidar la permanente «movilidad funcional» de altos funcionarios, entre la empresa privada y la Administración.

Quizá la legislación actual no sea la adecuada, vale, es posible, pero opino que no puede decirse que carece de mecanismos para regular y perseguir a la delincuencia económica. A pesar de ello, lo cierto es que existe la percepción de que a la corrupción financiera de «smoking y pajarita»  no se  le persigue eficazmente, y si esto es así, se debe a varias  razones.

Una de ellas apunta a la dificultad de interpretación y aplicación de la ley. El sistema económico en general y la propiedad en particular, reciben una doble protección –penal y civil- de manera que no debe resultar fácil establecer la frontera entre lo que es una infracción civil y lo que es delito. Esto ha quedado meridianamente claro en el juicio al «deportista» nacido en Zumárraga e incrustado en la Casa Real española.

No cabe duda, que experiencias como la citada en el párrafo anterior, nos inclinan a pensar que los tribunales tienden a evitar la sanción penal, aplicándola sólo en casos excepcionales. Y esto a su vez, nos lleva a la certeza, de que basándose en las características “especiales” de la delincuencia económica como fenómeno social, los delincuentes financieros, rara vez son condenados y enviados a prisión.

Es evidente, que este comportamiento perverso y antidemocrático del «sistema» deja al Poder Judicial con los «calzones»  al aire, lo que  evidencia que el rigor en los delitos de alta alcurnia depende, también, de las características del sistema político vigente.  En principio, no debieran darse las mismas condiciones  en las democracias – aún siendo éstas formales-  y los regímenes autoritarios, máxime en lo referente al equilibrio de poderes, los hábitos políticos, la influencia de la opinión pública, los criterio morales…..

Lo que ocurre es que España es un país que adolece del necesario «vigor» democrático, propio de las democracias occidentales. Como consecuencia, la corrupción ha tomado carta de naturaleza en la sociedad, y ésta observa cómo las instituciones son incapaces de hacerle frente, de dar satisfacción a las demandas  que exigen erradicar la impunidad de la que hacen gala los delincuentes financieros.

Lo que este trabajo viene denunciando, con frecuencia se escuda en un tecnicismo; “quiebra técnica”, y parece que una vez calificada la situación como tal, nadie es responsable de nada, se atribuye al riesgo  como factor único y debe asumirse lo irreversible de la situación, con todas sus consecuencias.

Estos procesos  no debieran ser capaces de diluir  la “quiebra moral” que  precede a la «quiebra técnica», con movimientos delictivos que van  desde  salarios blindados  y comisiones  multimillonarias, que no se corresponden -ni de lejos- con su trabajo ni con sus responsabilidades,  hasta la «siembra» de datos falsos y parciales a quienes investigan «sus» quiebras. Sin olvidar la patética imagen del ministerio fiscal, defendiendo a los acusados.  

La médula de todo este entramado compuesto por legislación laxa y delincuentes con «smoking y pajarita» que determinan llevar a cabo la acumulación en su propio beneficio y en detrimento de la inmensa mayoría, no es otro  que el capitalismo actual. Por razones estéticas y para la mejor legitimación del sistema, intentan que esa explotación se haga «limpiamente» y de un modo desapercibido, pero, si existen dificultades para hacerlo así, el «sistema» tolera que la extracción del «excedente» se realice, incluso  al margen de las leyes.

Es una situación, un método, que se ha expuesto y analizado a lo largo de este trabajo. Un método que es habitual en el capital. Un capital que –incluso habiendo impuesto de forma severa y dura sus condiciones-  siempre que le es posible, huye de la actividad económica productiva.

A pesar de que el «sistema» –en todas las autonomías- lo encumbra y aplaude, lo cierto es que la mayoría del capital se aplica en comprar y vender activos  financieros, sin aportar beneficio alguno a la sociedad. Esa es la verdad.

Legislación laxa y servicial, acumulación económica  salvaje y delincuentes de «smoking y pajarita», ellos son la médula del sistema que debemos combatir, si queremos progresar.