Se da por supuesto que las personas togadas están capacitadas para intervenir en las vidas de la población acerca de la pretensión de culpabilidad o inocencia de las mismas. Se da por supuesto que dichas personas togadas son imparciales y respetuosas con la justicia democrática. Los jueces y las juezas proceden de muy diversos orígenes formativos, ideológicos y, generalmente, de sectores conservadores con poder adquisitivo que les ha permitido estudiar una carrera para más tarde ejercer con tranquilidad y repartir «justicia». Se da por supuesto, mayoritariamente, que son personas respetables que velan por los derechos humanos y democráticos de la población a la hora de condenar o absolver. Todos estos supuestos quedan en entredicho una vez conocida la ralea de una buena parte de la judicatura que tiene su procedencia en las cavernas franquistas y en la ideología fascista de sus ancestros, donde se recrean y hacen gala de su intolerancia, venganza y suciedad intelectual antidemocrática. Haberlos, haylos, y no escasos; también los hay demócratas y racionales, pero bastantes menos. Mi punto de vista para aceptar jueces y juezas sería el de imponer unas reglas que definan su formación y respeto democrático, por encima de ideologías conservadoras y revanchistas; un examen psicológico que demuestre capacidad imparcial y respeto para con la legislación y las personas, donde todo el mundo sea tratado con arreglo a los derechos humanos y a la presunción de inocencia. Donde la tortura no sea admitida y donde los torturadores sean debidamente castigados, sin amiguismos ni conchabeos con la corrupción y libertades amañadas para los corruptos afines o cercanos ideológicamente. Es posible que alguien se pregunte el por qué de estos supuestos, tras 80 años del golpe de estado del asesino Francisco Franco Bahamonde y la imposición de su desalmada «justicia» dictatorial, lo cual tiene una respuesta diáfana y contundente, pues por desgracia, hoy, todavía, existen partidos políticos herederos directos del golpismo, de extrema derecha que apadrinan y cuidan de sus magistrado/as para mejor imponer sus nauseabundos programas y objetivos políticos. La prueba más contundente se halla en la intromisión del Tribunal Constitucional español en las decisiones del Parlamento, donde un par de representantes que tenían caducada su presencia y representatividad votaron a favor de unas mociones del PP y Vox para intentar abortar las propuestas de la mayoría parlamentaria. Todo ello tras la paralización durante más de cuatro años del intercambio por parte del PP de sus jueces afines en el CGPJ.

La Constitución española adolece de contenido democrático real, donde la jefatura del estado es ejercida por un monarca hijo del heredero de Franco, al que nadie ha votado y que en Euskal Herria la gran mayoría desprecia. En Euskal Herria la Constitución española fue rechazada y se la considera no apta para la asunción del respeto para con las naciones ocupadas y sometidas dentro del actual Estado. Sin embargo, la «justicia» nos viene impuesta desde Madrid y toda la judicatura obedece a la legalidad centralista, donde los jueces foráneos deciden sobre los asuntos autóctonos.

La pregunta que surge, indefectiblemente, no es otra de ¿quién juzga a los jueces?, pues cuando estos cometen desmanes, como cierres de periódicos que más tarde son considerados errores, o cuando se ilegalizan partidos que están más vivos que nunca, o cuando se vuelve a encarcelar a presos y presas que han cumplido sobradamente su condena, por motivos de presión ideológica o venganza, es decir, cuando imponen sus condenas con el mayor cinismo y relajación, o cuando interrumpen condenas a los prevaricadores y dan libertades «condicionales» a los amigos de lo ajeno que no paran de atracar el erario público, desde sus asientos centralistas y amparados por un espíritu colonial, se sienten seguros y protegidos por toda la corte política centralista. Ahí se halla el problema, pues no hay capacidad para juzgar, condenar y destituir a tanto juez corrupto, pues las deficiencias democráticas son un hecho real y constatable, cuestión a estudiar y comenzar a limpiar las togas y guardarlas con naftalina haciendo que aquellos y aquellas que actúan irregularmente sean depuestos y castigados como se merecen.