Copio, para empezar, la parte titulada "Legitimidad/Legalidad" tomado de mi trabajo "El lenguaje de la matemática/La matemática del lenguaje", ya que la indefinición, interesada a mi modo de ver, de ambos conceptos además de otros colaterales lleva a interpretaciones contradictorias que conducen a debates sin posibilidad de acuerdo cuando menos conceptual:

Legitimidad es la cualidad de lo legítimo.

Justicia es la aplicación de lo justo.

Legítimo, que puede tomarse como sinónimo de justo, es todo aquello que se ajusta a lo genuino, a la equidad, a la razón, a la verdad, al respeto, al derecho natural, a la paz, a la ética.

Legítimo es el ejercicio de la libertad sin daño a la libertad ajena.

Legalidad es la situación de acuerdo con la ley.

Ley es la unidad o el conjunto de normas establecidas por quien se atribuye la autoridad legislativa.

La ley debe estar supeditada a la legitimidad y no al contrario.

No debe legalizarse nada no legítimo.

Todo lo legítimo debiera ser legal.

Toda legalidad que interfiera la puesta en marcha de lo legítimo por parte del sujeto legítimo es una imposición inadmisible de la ley sobre la justicia.
 
Esas afirmaciones y definiciones dejan tan poco lugar a dudas, que la aportación de ejemplos prácticos para su ilustración me parece una redundancia innecesaria, y la soslayo por ello. Estoy muy seguro de que cada lector puede entresacar de la realidad propia u observada gran cantidad de ejemplos que identifican y muestran el cumplimiento o en su caso la transgresión con respecto a los conceptos expresados.

Alguien podría estar en desacuerdo con los citados conceptos, y yo le pediría que me dijera en qué, pero no creo que pueda manifestar que no los entiende.

Dije haber soslayado ejemplos,  pero actualmente surge uno que merece ser tratado.

Trasladadas esas definiciones conceptuales antes expuestas a la relación actual entre España y Cataluña podríamos afirmar sin miedo a equivocaciones:

1-En nombre de los derechos individuales y colectivos de las personas, es legítimo que los catalanes reivindiquen la independencia con respecto a la legislación española y en consecuencia, legítimo también que manifiesten individual o colectivamente, privada o públicamente esa reivindicación y pidan a sus representantes políticos cuantificarla y cualificarla y ponerla en práctica, si procede, sin causar en ningún momento violencia alguna sobre los posibles oponentes.

2-En nombre de los mismos derechos, es también legítimo que los catalanes reivindiquen continuar dependiendo de la legislación española y llevar a cabo las mismas manifestaciones individuales o colectivas, privadas o públicas de esa reivindicación, sin causar tampoco violencia alguna sobre los oponentes políticos.

3-Es legal según la ley española, que prohibe taxativamente los derechos legítimos especificados en el párrafo 1, suprimir los derechos civiles individuales o colectivos a quienes lleven adelante esa reivindicación (Artículo 155).

4-El poder judicial está supeditado a la ley de referencia, por lo que puede y debe legalmente, le guste o no, mandar aplicar esa supresión de derechos civiles.

5-Es legal según la ley española que las fuerzas armadas tomen el cargo de reprimir mediante el uso de todos sus medios a quienes persistan en las reivindicaciones legítimas del párrafo 1 (Artículo 8).

Es evidente que las actuaciones especificadas en los párrafos 3, 4 y 5 son legales pero de ninguna forma legítimas, ni justas. También lo es el hecho de que los poderes judiciales están para juzgar sobre la legalidad, no para hacer justicia, aunque en algunos casos podrían coincidir ambas cosas.

Las autoridades políticas españolas reclaman el respeto a lo que llaman «legalidad democrática» ¿Se puede llamar así a una legalidad que puede y debe, según ellos, violar impune y violentamente la legitimidad de unos derechos individuales y colectivos de los integrantes de una Nación previos y superiores a cualquier ley de los estados?

Las naciones, ya lo dice su etimología, son entidades socio-político-culturales identitarias «nativas», originales. Muchas de ellas han sido ya absorbidas por los estados, por conquista, por anexión o cualquier otra vía y han perdido ya al presente una voluntad propia manifiesta de recuperar su identidad particular, pero hay también otras que, aunque disminuidas por las erosiones históricas naturales, o las más de las veces provocadas, continúan manteniendo viva su voluntad de defender sus propias características y oponerse, pacíficamente por cierto, a cuanto se interfiere a esa recuperación de identidad disminuida, violentamente en muchos casos, a lo largo de la historia que los estados consideran «gloriosa» y desde las naciones consideramos invasiva.

Así es como Will Kymlicka define el concepto de nación sin que otros politólogos hayan mostrado discrepancias mencionables, refiriéndose, creo yo, a las naciones «vivas» todavía en la actualidad:

Nación, que expone como sinónimo de Cultura original, es según él: toda comunidad intergeneracional, con instituciones propias o no, organizada en un entorno original, compartiendo una cultura particular propia con voluntad de mantenerla y capaz de gestionarla.

El estado es, para él: el conjunto de la sociedad situada en espacio o espacios geográficos determinados, organizada bajo un poder político común.

Es bien notorio que la mayoría de los estados actuales llamados o aceptados como democráticos encierran varias naciones que, de grado o por fuerza, fueron o son incluidos bajo su régimen político «común». Esos estados no son naciones como gustan autodenominarse, sino estados plurinacionales.

Todas y cada una de las naciones que cumplen con las características de nación antes expresadas y tienen la voluntad manifiesta de conservarlas tendrían la legitimidad de ser independientes de las políticas estatales que lo impidieran y negociar desde la independencia y de igual a igual la interdependencia inevitable entre ellas.

Las manifestaciones recientes del actual presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker respecto a la posible independencia de Cataluña hablan por sí solas de que su opinión y la de sus congéneres sobre ese hecho o esa posibilidad no depende de su legalidad o no, sino de la conveniencia para los estados actuales de mantener la razón de su fuerza por encima de la fuerza de la razón de las naciones.

Sus palabras: «Europa no puede consentir la independencia de Cataluña porque, acto seguido, la reclamarían el resto de las Naciones. Una Europa de 98 socios (los debe tener contabilizados) no sería viable».

Será seguramente por la misma razón que no se admiten refugiados porque, por el efecto llamada, Europa se llenaría de ellos, o por la misma que no se socorre a los países pobres, que por cierto han sido en su día empobrecidos por sus colonizadores de turno, porque harían cola todos ellos en petición de auxilio.

Para mí queda claro que el poder actual de los Estados se defiende mediante legalidades impuestas sobre las legitimidades naturales y mediante políticos como el mencionado que desde su podio de privilegio se atreven a decir lo que dicen sin avergonzarse de lo dicho.

Veremos si el apoyo de los mandatarios europeos al Gobierno español y su recomendación final (después de tímidos titubeos de algunos) al Gobierno catalán de respetar el «Estado de derecho” significa aceptar el derecho del Estado español a colonizar de hecho Cataluña (Sí. Empleo el término «colonizar» porque no encuentro otro que defina mejor el conjunto de imposiciones que incluyen la inhabilitación y el cobarde encarcelamiento de sus políticos, la suplantación de sus instituciones, sus modelos de educación, sus sistemas tecnológicos y económicos, sus medios de comunicación, su policía, la ocupación militar de su territorio y un  etc., que pueden aplicar a su gusto y que suponen una clara dictadura sobre una Nación legítimamente insumisa).

Ojalá prevalezca la fuerza de las razones ante las razones del poder y la fuerza y podamos llegar a conocer una verdadera Europa de las Naciones libres e interdependientes por voluntad propia y por interrelaciones pactadas.

No hay duda de que esa asociación de naciones constituiría una sociedad rica y enriquecedora de culturas florecientes en lugar del actual cambalache de estados uniformadores, insolidarios, represores que se han mostrado incapaces de equilibrios sociales, económicos y culturales en favor de élites fácilmente identificables de poder y administradores bien pagados para controlar el mantenimiento de los «estatus» adquiridos.  

 

Anexo al artículo:

Se discute hoy (25/10/2017) cuál puede ser la salida.

Si mi mensaje pudiera llegar a los catalanes, les diría:

-Declarad sin dilación la República Catalana. Esperad la aplicación del 155. Seguid manifestando vuestra oposición a ella clara, masiva, pacífica y cívicamente.

-Reclamad a continuación vuestro derecho de autodeterminación al amparo de las Instituciones Internacionales que la aceptan legalmente con la condición de que la nación que lo solicita haya sido colonizada.

-Si colonización es, como aceptan las enciclopedias, la acción de dominar un país o territorio (la colonia) por parte de otro (la metrópoli), vuestra reclamación sería justa y pertinente ya que si la aplicación del cacareado 155 se lleva a efecto con las consecuencias que prometen, resumidas en el remedo imperialista de la dominación de la América española «Yo, presidente del Gobierno español y en nombre de la Constitución Española tomo posesión de Cataluña» sería una colonización en toda regla.

-Si, como es de esperar, las citadas instituciones se valieran de los habituales subterfugios para mirar a otro lado, demostrarían, una vez más, que están para defender el poder de los estados poderosos y la sumisión de las naciones a ellos y no para liderar la paz, la convivencia, el equilibrio social, la solidaridad internacional, la diversidad cultural, ni nada que se le parezca.

-Para mí, ya han enseñado sus orejas multitud de veces o sus patitas enharinadas bajo la puerta otras tantas, pero esta vez yo los vería claramente en calzoncillos o en bragas. Un espectáculo indecente!