Carmen Jarén Ceballos y Cristina Bayona Sáez
Vicerrectoras de Enseñanzas, Estudiantes, Empleo y Emprendimiento de la UPNA

Sobre la Matrícula y la Organización de las Enseñanzas en la UPNA

El Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra tomó el pasado 28 de abril la decisión de modificar el calendario de matriculación, pasándolo de semestral a anual, en las siete titulaciones que aún quedaban con el sistema antiguo, y que había sido implantado con el nuevo modelo del Espacio Europeo de Educación Superior.

Se trata de un cambio organizativo que ni implica, ni nada tiene que ver, con otro tipo de cuestiones que inexplicablemente han servido como argumento para oponerse a los cambios y como eslóganes propagandísticos de algunas organizaciones. De hecho, este cambio que ya tuvo lugar como hemos dicho en once de los dieciocho títulos que se imparten en la UPNA, se produjo en el curso 2014-2015 sin la menor oposición y sin consecuencias negativas que reseñar.

Relacionar un cambio en el calendario, en la organización de los semestres, o en la secuencialidad de los estudios que obligará a cursar las asignatura por orden, desde los cursos más bajos a los más altos,  tal y como fueron aprobados en las memorias verificadas de los títulos,  ni supone un “encarecimiento de los precios de las matrículas”, ni la «pérdida de la posibilidad del pago fraccionado», ni la «reducción de asignaturas en inglés o euskera», como ha llegado a escribirse. Nada de eso va a ocurrir porque no tiene que ver una cosa con la otra. Entre otras razones, recordamos, no es la Universidad la que fija los precios de las matrículas, que vienen impuestos por normas que emanan del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.  Decir que estos cambios van en la dirección de una «universidad excluyente y elitista», o que son un ataque al “derecho a la educación pública”, refleja un desconocimiento profundo de las medidas que se pretenden tomar, o lo que es peor, la intención de aprovechar esas medidas para reivindicar otros intereses que nada tienen que ver con el asunto en cuestión.

La organización de las enseñanzas que se puso en marcha en 2009 (materializada fundamentalmente en la existencia de semestres complementarios), cuya modificación comenzó en 2014, y que ahora se pretende completar, tenía la clara motivación de mejorar el rendimiento de los estudiantes, ofreciéndoles cursar asignaturas suspendidas en un semestre, en el semestre siguiente, sin esperar al curso próximo. La idea, inicialmente impecable, ha chocado con múltiples trabas y problemas que vienen derivados, esencialmente, de dos condiciones de contorno: la primera, que se trata de una organización singular en el sistema universitario español, con normas de obligado cumplimiento que nos afectan de forma negativa, siendo una no menor las dificultades, cuando no imposibilidad, de nuestros estudiantes de beneficiarse de becas completas. La segunda, la complejidad de elaborar calendarios que, incluyendo dos matriculas, encajen con la restricción de fiestas patronales un 6 de julio.

El equipo de dirección de la Universidad quiere lógicamente hacer estos cambios sin que suponga perjuicio, ni académico ni económico, a los alumnos que iniciaron sus estudios en las condiciones vigentes hasta este curso. Para ello, está adoptando ya las medidas pertinentes. La experiencia de 2014 demuestra que ello se puede hacer sin mayor problema, y más en este momento en que solo un porcentaje no superior al 27% de las asignaturas se vería afectado. Ese ha sido nuestro talante siempre que nos hemos reunido con ellos, porque lo hemos hecho repetidamente como se puede demostrar. Los estudiantes tienen mucho que decir sobre su educación, pero las decisiones académicas las han de tomar quienes tienen la responsabilidad para ello, en este caso el Consejo de Gobierno (ni siquiera el rector, o el equipo de dirección), en el que por cierto también están representados los estudiantes.

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