Hace ahora 6 años, un vídeo de una campaña de Save The Children se hizo mundialmente conocido. La protagonista era Lilly, una niña de 11 años que comenzaba un vídeo de 94 segundos soplando las velas de una tarta. También soplando una vela concluía esa secuencia de imágenes. Había pasado un año, en solo un minuto y medio; pero su vida había cambiado por completo. Porque Lilly, a la que veíamos en su apacible casa de Londres al comienzo del vídeo, había pasado en 94 segundos por el estallido de un conflicto armado, bombardeos, huidas campo a través, un campo de refugiados… 94 segundos de contener la respiración y de pensar que, efectivamente, los dramas humanos no entienden de fronteras: podría pasar aquí, decía Save The Children.

Esa distopía –ejercicio de imaginación que coloca, en un escenario distinto al normal, una realidad que sí existe– nos permitía imaginarnos a nosotras mismas haciendo el camino inverso al que deben recorrer muchas personas migrantes, que buscan refugio y asilo. Personas que huyen de guerras, de conflictos armados, de mafias… Personas que, no lo olvidemos, son seres humanos con todos sus derechos; aunque no se llamen Lilly, aunque no sean europeas. Son, además, personas titulares de un derecho fundamental: el derecho a comenzar su vida, con plenitud y seguridad, en cualquier lugar del mundo.

Las administraciones públicas somos, debemos ser, garantes de los derechos de la ciudadanía, sin distinguir raza, sexo, orientación sexual, condición socioeconómica... o procedencia. Pero si algún colectivo de personas migrantes requiere de una especial protección, ese es el de las refugiadas y solicitantes de asilo; unas personas a las que se les recuerda en el Día Mundial de la Persona Refugiada, cada 20 de junio.

Estamos hablando de setenta millones desplazadas a las fuerza en todo el mundo, casi veintiseis millones de personas refugiadas y de tres millones y medio de personas solicitantes de asilo. Cada poco más de dos segundos, una persona es obligada a desplazarse de su lugar de origen. Una realidad dramática a la que no podemos ser ajenas, a pesar de que ni España ni Navarra estén en el top de las regiones receptoras de estas personas.

Por ello, y como garantes de sus derechos que debemos de ser, el objetivo de Gobierno de Navarra es hacer mejores los mecanismos de acogida y protección de quienes se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen por cualquiera de las causas que ya hemos mencionado, u otras que pudieran producirse.

Actualmente, el Estado financia y gestiona los programas de acogida para las personas solicitantes de asilo y protección internacional. Sin embargo, el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra estamos hoy alineados en la idea de que una gestión autonómica de estos programas nos permitirá mejores y mayores cotas de protección.

Conseguir la gestión autonómica de estos programas no es administrativamente sencillo, puesto que no deja de ser el traspaso de una competencia. Pero hemos iniciado ya los trabajos internos, aquí en Navarra, con el objetivo de estar preparadas al máximo para hacernos cargo de la gestión en cuanto sea posible. La confianza que albergamos es que, a lo largo del año que viene, comencemos con ella.

Las personas refugiadas, como señalaba, merecen una especial protección, entre todas las personas migrantes. Cualquiera, por desgracia, podríamos necesitar refugio en un momento dado. Todos y todas somos, potencialmente, personas refugiadas. Sin duda, nos gustaría encontrarnos administraciones y sociedades abiertas y dispuestas a acoger, en vez de colocar vallas y controles violentos como los que se encuentran. Está pasando, y no podemos ser ajenas a ello; aunque las personas, las niñas y los niños que lo sufren no sean europeos, como aquella Lilly del vídeo de Save The Children.