Por eso, ahora que es tiempo de soluciones, es de pura justicia que se empiece a reparar esa injusticia y a las miles de víctimas que ha causado. Tanto a las directamente torturadas, como a quienes han sufrido o sufren cárcel y/o exilio a causa de ello. Y un buen modo de comenzar dicha reparación sería sin duda la absoluta invalidación de todas las causas contaminadas, de una u otra forma, por la tortura. Una medida que sería sin duda de gran ayuda en la resolución del conflicto.

También en mi caso, fue la tortura la que me empujó al exilio, en 1981. No vi otro remedio, porque sabía de sobra que resistir a unos torturadores especializados es una verdadera proeza, y si me torturaban no sólo terminaría en prisión, sino que difícilmente podría evitar «cantar» a gente que a su vez sería detenida, torturada y encarcelada, a no ser que consiguieran ponerse fuera del alcance de los torturadores, en el exilio.

Tomar esa decisión de exiliarse es bien difícil, pero vivir con el temor permanente a la tortura y las consecuencias que podría tener una más que eventual «cantada» normalmente aún lo es más. Sobre todo, si al riesgo personal se le añade el que podrían sufrir otras personas, en muchos casos muy queridas. Miles de vascos se han tenido que enfrentar a ese dilema. Por un lado, el pánico a la tortura. Por el otro, la dura opción del exilio que no hizo sino endurecerse según pasaban los años.

Encima, el exilio no ha sido siempre eficaz a la hora de evitar ser torturado. Cientos de exiliados vascos entregados a los torturadores españoles así lo atestiguan. Y también los deportados por las autoridades francesas a diversos países, que han vivido durante largos años con el miedo instalado en su cuerpo, temiendo que esos torturadores llegaran cualquier día a «interrogarles». Tenían motivos de sobra para ello, porque, en enero de 1986, una docena de torturadores españoles llevó hasta el mismísimo infierno a dos de ellos que se encontraban deportados en Ecuador.

Ahora bien, la peor de las angustias que hemos sufrido los exiliados vascos durante décadas es la de que nos secuestraran, torturaran por tiempo indefinido y nos hicieran desaparecer, como les sucedió a Joxean Lasa y Joxi Zabala. Ambos fueron secuestrados en Baiona el 16 de octubre de 1983, trasladados a un edificio oficial de Donostia, La Cumbre, y torturados hasta arrancarles todo cuanto sabían e incluso imaginaban. Después, agentes de la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo, al mando de Galindo, los asesinaron y enterraron en cal viva, a fin de hacerlos desaparecer para siempre.

En 1976 y 1980 les ocurrió sin duda algo bien similar a otro par de exiliados. El primer desaparecido fue Eduardo Moreno Bergaretxe “Pertur” y cuatro años después corrió su misma terrible suerte José Miguel Etxeberria “Naparra”. En el caso de Lasa y Zabala, sus familias pudieron al menos recuperar los cadáveres de ambos más de once años después de que desaparecieran. Las familias de Pertur y Naparra no han podido tener hasta ahora ni siquiera ese consuelo.

Aparte de esos cuatro secuestros de exiliados, en aquella época hubo bastantes intentos más y la psicosis de terminar como ellos afectó profundamente al colectivo de exiliados. Una cosa era morir a causa de una de las múltiples acciones de guerra sucia que se producían entonces, y otra bien distinta caer vivo en manos de quienes iban a tener todo el tiempo del mundo para torturarnos. Un calvario en el que íbamos a desear una y otra vez la muerte sin que esta terminara de llegar.

El riesgo de tener el mismo horrible final que Pertur, Naparra, Lasa y Zabala ha marcado la vida de los exiliados. Un riesgo en el que la tortura tenía un terrible protagonismo, y fue nuestra principal fuente de pesadillas: el pánico a caer vivo en manos de quienes sin duda nos llevarían al peor de los infiernos, y podrían mantenernos allí por tiempo indefinido.

Es lo que seguramente le sucedió también a Jon Anza, quien había asimismo huído a Iparralde para evitar estar al alcance de los torturadores españoles. Su compañera lo vio por última vez el 18 de abril de 2009 en la estación de Baiona. Tomó allí el tren para dirigirse a Toulouse, donde desapareció, y su cadáver no apareció hasta diez meses después, en una morgue.

Esa angustiosa posibilidad de ser secuestrado, ha estado acompañada además por otra que los exiliados hemos visto materializarse innumerables veces: la entrega a los torturadores españoles. Una posibilidad que ha permanecido siempre abierta desde que, el 30 de enero de 1979, las autoridades francesas entregaron a siete exiliados que fueron sometidos a un verdadero calvario.

La responsabilidad de dichas autoridades en las torturas sufridas por tantos y tantos entregados a los torturadores españoles es innegable. Y también en la angustia a la que ha tenido que hacer continuamente frente el colectivo de exiliados, debido al temor a dichas entregas. Por no hablar de la obvia responsabilidad de las autoridades francesas en la guerra sucia que ha costado la vida a decenas de exiliados. En algunos casos, como el de los secuestros y desapariciones, de manera especialmente cruel.

Hay que decirlo alto y fuerte: el Estado español ha torturado y asesinado a un montón de exiliados vascos, con la colaboración del Estado francés, y por eso se niegan ambos estados a que una Comisión de la Verdad indague al respecto. Porque le tienen tanto pánico a la verdad como nosotros a la tortura.

Esa Comisión de la Verdad sería de gran ayuda para que las víctimas del terrorismo de Estado franco-español puedan contar su verdad, toda su verdad, y para que reciban la justicia y reparación, con garantías de no repetición, que ambos estados les deben. Una reparación que debería priorizar la absoluta invalidación de todas las causas judiciales contaminadas por la tortura.

En el caso de los exiliados, se deberían invalidar todas las órdenes de detención, euroórdenes y extradiciones en las que la tortura haya contaminado, de una u otra forma, los procedimientos. Sea porque dichos exiliados fueron torturados en su día, o porque lo fueron otras personas que los involucraron en sus declaraciones. O por cualquier otra forma de contaminación.

Esa fue la primera de las medidas que solicitó en Biarritz, el 15 de junio del 2013, el Colectivo de Exiliad@s Polític@s Vasc@s que ese día mostró su firme compromiso para avanzar en el camino de la resolución de las consecuencias del conflicto y enfrentamiento que ha sufrido y sufre Euskal Herria.

Esa medida ayudará muchísimo en la resolución de las consecuencias del conflicto, y por eso es tan necesario adoptarla, para disponer de una buena base sobre la que construir de forma compartida esa nueva sociedad democrática que tanto anhelamos. Una sociedad en la que no se deje resquicio alguno a la tortura y nunca nadie pueda ser encarcelado por motivos políticos, ni verse obligado a exiliarse.