Un año después

Fue el benedictino Montull quien dijo que los republicanos allí enterrados «desde una visión sobrenatural» se oponían a que se exhumase al dictador.

24/07/2019

Un año ha transcurrido desde que reiniciamos los trámites para la recuperación de los restos de nuestro tío, Antonio Arrizabalaga Ugarte, que fueron exhumados, trasladados y enterrados en el Valle de los Caídos sin el consentimiento familiar. Un año largo en el que poco hemos avanzado y seguimos estando prácticamente en el mismo punto de partida, pero con un mayor conocimiento de los agentes que se oponen a nuestra petición.

Un decreto del dictador fue suficiente para que en 1961 se cometieran los hechos que, a día de hoy, nuestro Código Penal (irretroactivo) los tipifica como delitos de violación de sepultura y profanación de cadáver, y, por haberlos inhumado en esa Basílica Católica, como actos en contra de su dignidad, su memoria y su libertad de conciencia, delitos estos también hoy tipificados en el Código Penal. En contraposición a este ultraje, tanto la interpretación como los desarrollos de la Ley de Memoria Histórica de 2007 se están mostrando insuficientes para hacer justicia y reparar el daño causado.

Hace un año iniciamos un procedimiento administrativo entregando una petición en Patrimonio Nacional, organismo dependiente del Ministerio de Presidencia. Fueron necesarios tres meses para que nos dieran acuse de recibo, después, pasados seis meses de silencio administrativo entregamos un recurso de alzada ante el Ministerio de Presidencia. De aquí se nos respondió que el citado recurso no procedía porque no se había producido tal silencio. En esta democracia plena, seguimos esperando sin saber en qué momento administrativo nos encontramos.

Nos dicen que Patrimonio Nacional ha de reconocernos el derecho a la familia para que los restos de nuestro tío nos puedan ser entregados. Es muy difícil desde una perspectiva democrática entender la imposición de este requisito por quienes ahora se ocupan de la gestión del citado organismo. ¿Con los antecedentes que obran, necesitan de este largo procedimiento para reconocernos a los familiares este derecho? ¿No defiende la Carta de Derechos Fundamentales de la UE el derecho a la dignidad en su artículo primero y la libertad de pensamiento, conciencia y religión en su artículo décimo? Un año después Patrimonio Nacional sigue sin reconocernos.

Otros agentes son la orden benedictina y la jerarquía de la Iglesia Católica que, en su afán de poner trabas para la exhumación de nuestros familiares, están contraviniendo el artículo 16 de la Constitución Española, no respetando la libertad ideológica y de conciencia, no solo de la memoria de nuestro tío, también la nuestra, que nos obliga a ir a ese edificio cuando no pertenecemos ni queremos formar parte de la Iglesia Católica. El Código de Derecho Canónico en su canon 748.2 recoge que a nadie le es lícito coaccionar a los hombres (ni a su memoria) a abrazar la fe católica contra su propia conciencia. Nuestro tío luchó por la democracia y defendiendo la legitimidad de la República en un batallón de las juventudes socialistas.

Fue el benedictino Montull quien, en la Cadena Ser, dijo que los republicanos allí enterrados «desde una visión sobrenatural» se oponían a que se exhumase al dictador. Hemos de soportar el escarnio y befa de monjes como el aludido, si bien el secretario del abad de Solesmes, en respuesta a mi queja por estas declaraciones, me aseguraba en nombre del abad Philippe Dupont, el 8 de marzo de 2019, hacerse cargo de mi indignación por el traslado sin consentimiento del que fueron objeto nuestros familiares, y que compartía nuestro deseo de ver respetada la dignidad de toda persona humana, independientemente de su ideología. Es lamentable que en un estado que se declara aconfesional tengamos que estar soportando la falta de reparación y justicia por la también supuesta oposición de un empecinado prior.

Ya en 2011, cuando acudimos por primera vez al Ministerio de Justicia pidiendo la entrega de los restos de nuestro tío, dos funcionarios y un forense nos respondieron que su idea era exhumar al dictador y luego resignificar el Valle, como si ello satisficiera nuestra pretensión y respetara el derecho de ver reposar los restos de nuestro tío con su madre y hermana en el panteón de Zumárraga. A saber cuál es el futuro de ese edificio y la resignificación de la que hablaban y hablan.

La Basílica es una edificación dentro de un túnel excavado en la roca, y la porosidad de la misma produce abundantes filtraciones de agua. En una reciente visita hemos comprobado la existencia de grandes manchas de humedades en techos y muros e incluso goteras. Cuentan que el arquitecto que diseñó la construcción había previsto un sistema para recoger y canalizar el agua filtrada, entre el edificio y la roca, y darle una salida, pero una instrucción posterior para instalar esa gran cruz de 150 metros, le hizo ser precavido y cubrir con hormigón aquellos conductos y drenajes previstos, para evitar un hipotético hundimiento por el peso de la cruz.

En 10-15 años la estructura del edificio parece que puede estar muy dañada y requiere una remodelación muy costosa, con unos gastos de mantenimiento muy importantes, pues el problema de las filtraciones y de conducción de aguas tendría que resolverse y luego mantenerse. Opino que la ciudadanía del país tiene necesidades más imperiosas que la de restaurar y mantener semejante edificio, si bien los benedictinos y la Iglesia Católica tienen perfecto derecho a afrontar esos costos, sin que ello fuera a repercutir a los Presupuestos Generales del Estado. Esta es mi opinión.

Y para acabar, añadir que la protección y seguridad de ese edificio está fuera de toda norma o criterio actual. Tiene una única puerta para la entrada y salida, en una construcción con un pasillo de 262 metros de largo y 41 metros de alto, sin salidas laterales, con un minúsculo ascensor al fondo del mismo. Evacuar con seguridad ese edificio es imposible en una situación de catástrofe (terremoto, incendio...), y sorprende que, dependiendo de un organismo oficial, Patrimonio Nacional, no cumplan con unos mínimos requisitos de seguridad, recogidos a modo orientativo en los reales decretos sobre Protección Civil.

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