Pese a los discursos triunfalistas sobre la solidez democrática del Estado español, lo cierto es que su sistema electoral está diseñado para perpetuar el poder de una élite, bajo la apariencia de pluralismo. El método D'Hondt, lejos de garantizar la proporcionalidad, penaliza a los partidos más pequeños, obligándolos a alcanzar un umbral mínimo de votos que, de no lograrse, termina beneficiando a los partidos mayoritarios. Es un juego amañado desde el inicio.

A esto se suma la existencia de listas cerradas: el ciudadano vota a una marca, no a una persona, y los candidatos son impuestos por las cúpulas de los partidos, no elegidos por el pueblo. ¿Puede llamarse esto democracia?

Pero el problema va mucho más allá del sistema electoral. Su raíz está en la Constitución de 1978, redactada por siete individuos sin proceso constituyente alguno. Una carta magna impuesta, bajo la tutela de una monarquía que nunca fue elegida por el pueblo y que, por el contrario, fue reinstaurada por un régimen que nació de la violencia y del exterminio político.

No olvidemos que en 1936 y 1937, los golpistas liderados por Franco y Mola, con Alfonso XIII en el exilio como símbolo restaurador, iniciaron una campaña de exterminio contra los votantes y simpatizantes del Frente Popular. Miles de personas fueron ejecutadas sin juicio, fusiladas contra los muros de los cementerios o a pie de carretera: hombres, mujeres, niñas, maestras... Todos ellos asesinados por ejercer un derecho fundamental, el derecho del sufragio universal: votar.

Estos crímenes, lejos de haber sido juzgados, han sido silenciados, negados o minimizados. Ningún tribunal ha asumido la responsabilidad histórica de condenar este genocidio político. La consecuencia: un régimen del 78 que protege y perpetúa a los herederos de aquella violencia. Una monarquía impuesta que sigue siendo garante del orden post-franquista.

Los partidos que se autodenominan de izquierda o derecha operan como engranajes de esta maquinaria. Gestionan el sistema, lo maquillan, pero no lo cuestionan en su esencia. Son los pilares del continuismo. Mientras tanto, la clase trabajadora sigue manteniendo con sus impuestos a una Casa Real que vive en la opulencia, sin haber sido jamás legitimada en las urnas.

¿Hasta cuándo vamos a aceptar como «normalidad democrática» lo que es, en esencia, una prolongación del franquismo bajo nuevas formas?

España no tiene una democracia plena. Tiene una estructura de poder blindada, con apariencia democrática, pero con raíces autoritarias. Para consensuar una verdadera democracia, no basta con reformar el sistema electoral. Hay que abrir un proceso constituyente real, desde abajo y con el pueblo como protagonista. Solo así se dejará atrás definitivamente las sombras del 36.


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