Hagamos una breve historia: en el año 1992, un pequeño grupo de profesores universitarios fue despedido de la UPV por no firmar el contrato administrativo vigente en aquella época y solicitar la creación de un Profesorado Propio con contrato laboral en la Universidad.

Después de una larga lucha de estos profesores que hizo historia por su duración y tenacidad, la Ley Vasca de Universidades, conocida también como “Ley Iztueta” en recuerdo de la Consejera que la impulsó, reconoció en su articulado varias figuras propias laborales. Esta ley fue aprobada en 2004 pero no entró en vigor en alguno de sus artículos más importantes hasta el año 2007, debido al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PSOE.

En dicha ley aparecían unas transitorias que permitieron el acceso a la condición de profesores laborables estables a los antiguos contratados administrativos que cumplían con algunos requisitos. Además, entre estas transitorias se encontraba una que posibilitaba el regreso a la Universidad a los profesores despedidos quince años antes.

En ese año de 2007 el rectorado de entonces, presidido por Juan Ignacio Pérez Iglesias, negoció con algunos de esos profesores despedidos con el fin de reincorporarlos a la Universidad pero se negó a hacer lo mismo con tres de ellos, a pesar de los requerimientos de estos últimos. Así, estos tres profesores continuaron con su presencia en las puertas de la Universidad reclamando un acuerdo que los reintegrase en la Universidad de una manera digna. De esta manera surgió para acompañarles en su nueva travesía una nueva Comisión de Apoyo integrada por algunas personas que habían pertenecido a las anteriores comisiones que se habían creado en solidaridad con el grupo completo de despedidos.

Se podría escribir un libro completo con todas las iniciativas que estos tres profesores y la Comisión de Apoyo han llevado a cabo hasta ahora, con la colaboración de otros profesores y estudiantes, de cara a llegar a un acuerdo con la Universidad para el reconocimiento de sus derechos, que no se agotan en su reingreso universitario.

Aquí solo vamos a mencionar algunos de ellos. En 2009, unos meses después de ser designado rector Iñaki Goirizelaia, la comisión se reunió con él para solicitarle que se abrieran negociaciones con los tres profesores despedidos. En esa reunión se notó una cierta receptividad del rector a la propuesta y más tarde se mantuvieron varios contactos con un emisario del equipo rectoral. Pero, cuando se estaban creando las condiciones formales para el inicio de las conversaciones, el rector paralizó el proceso. Quizás influyó en ello el nombramiento como lehendakari de Patxi Lopez.

Más adelante, durante el segundo mandato de Goirizelaia, los profesores despedidos se dirigieron a la entonces Defensora del Universitario, Itziar Etxebarria, para explicarle la situación y pedirle su intermediación para volver abrir el proceso de diálogo con los dirigentes universitarios. Itziar conocía perfectamente el tema pues era la hermana de Joserra Etxebarria, uno de los profesores que había conseguido incorporarse a la UPV. Los contactos con Itziar, a los que acudió como colaborador un profesor universitario, fueron muy positivos y cordiales ya que la Defensora Universitaria no veía en sus propuestas problemas insalvables. Ella remitió esas propuestas al rector pero no recibió contestación alguna. Suponemos que Goirizelaia no estaba por la labor y el asunto volvió a decaer.

Posteriormente, y una vez elegida en 2017 rectora Nekane Balluerka, se volvieron a reunir con Itziar Etxebarria los despedidos para que, una vez más, intermediase ante la nueva rectora. Pero la antigua defensora universitaria no consiguió renovar su mandato y la iniciativa se fue al traste. En ese año de 2017 y ante unas declaraciones de la nueva rectora favorables a encontrar una salida al conflicto se inicia un proceso de diálogo bajo la intermediación ahora del nuevo Defensor Universitario, Iñigo Urrutia, profesor de la UPV y miembro, a instancia de Bildu, del grupo de redactores del Nuevo Estatuto de Autonomía de la comunidad vasca.

Durante dos años los despedidos mantuvieron una serie de reuniones con el Ararteko Universitario y la vicerrectora del Profesorado, Inmaculada Gerrikagoitia. A la que asistió, también, un profesor universitario en calidad de colaborador, testigo y enlace entre las dos partes. A lo largo de esas reuniones se vio la posibilidad de encontrar una salida al contencioso utilizando las capacidades académicas universitarias.

En algunas de esas reuniones participaron algunos profesores universitarios, favorables todos ellos a encontrar una solución adecuada a ese largo conflicto. Sin embargo, y a pesar de las buenas perspectivas, el rectorado puso fin a la negociación, que se había dilatado en el tiempo, aduciendo problemas de financiación. Problemas que no se plantearon al principio. Una salida abrupta y poco considerada tanto con los despedidos como con Urrutia, cuyo trabajo en busca de una solución agradecemos. Así, en 2019 los despedidos se encuentran en el punto cero, o quizás no.

La Comisión de Apoyo ha seguido colaborando con estos profesores y ante la elección de la nueva rectora, Eva Ferreira, nos hemos dirigido a los sindicatos abertzales de la UPV para que empleen su influencia ante el nuevo equipo y soliciten de él la continuación del interrumpido proceso con el equipo anterior hasta llegar a una solución justa que se merecen tanto ellos como la propia UPV como institución de interés general.

Tenemos que recordar, cuando se cumplen los 40 años del nacimiento oficial de la UPV, que estos profesores han dedicado toda su vida universitaria a luchar, con un gran sacrificio de su parte, por ayudar a levantar una Universidad Nacional y Popular, siendo su contribución fundamental en el tema del Profesorado Propio y el contrato laboral. Hoy en día podemos decir que transformaciones importantes en la estructura universitaria en el sentido de ampliación de la autonomía universitaria, de la implantación del euskera y de un profesorado propio, así como  en el aumento de competencias en materia universitaria del propio Gobierno Vasco, se lo deben en parte a ellos y a sus antiguos compañeros de pancarta.

Creemos que ya es hora de que se resuelva su situación de una manera justa, no solo en beneficio de ellos, que han asumido el coste de su lucha, sino principalmente de la propia Universidad, cuya capacidad integradora se pone en juego precisamente en ese punto.