Txema García Paredes
Escritor y periodista

Urdaibai en la D(i)ANA

No hacía falta que ocurriese la catástrofe de Valencia para darnos cuenta de los peligros que entraña construir cerca de zonas geológicas inestables o, incluso, en lugares potencialmente inundables como ha ocurrido en este caso.

Tampoco es necesario ser un lince para saber que la Naturaleza tiene sus propias lógicas de funcionamiento, más allá de que en numerosas ocasiones el alcance de los desastres están determinados por la incompetencia de los seres humanos o, peor aún, por el interés económico de grupos de presión empresariales (de la construcción, del turismo y la hostelería sobre todo) que, con la colaboración de políticos sin escrúpulos, promueven y facilitan licencias de edificación sin importarles los riesgos que comportan modificaciones flagrantes en los usos del territorio. Es la lógica del Capital cuya perversidad tiene otra “naturaleza” muy distinta, la del negocio puro y duro.

Este tándem de estrecha «colaboración público-privada» (constructores y promotores con responsables políticos que se dejan querer) viene funcionando desde hace décadas y está perfectamente normalizado y lubricado. Sólo se habla de ello, y de pasada, cuando sucede alguna desgracia, como la que ahora acaba de producirse. Entonces, se marea la perdiz, se echan las culpas unos a otros o, tal vez, a algún técnico que pasaba por allí, sin que nadie asuma responsabilidades y/o se plantee un cambio radical en el modelo de desarrollo territorial y urbanístico.

Cuando llega la riada, todos estos agentes políticos y empresariales intentan salvar su propio pellejo. Las compañías seguros se agarran a la letra pequeña para pagar lo menos posible y los perjudicados (tengan o no seguro) aguantan la tormenta como pueden o intentan defenderse en esos otros «charcos» que son los tribunales. Eso sí, si hay que pagar indemnizaciones, al final habrá que hacerlo a escote entre todos, que para eso el Estado sí es necesario, es decir, para tapar todos los desaguisados que hace la iniciativa privada, con la inestimable ayuda de políticos incompetentes, cuando no cómplices del desaguisado, en su búsqueda del beneficio particular máximo por encima de comunitario.

De la Reserva de la Biosfera de Urdaibai al Parque Natural de la Albufera de Valencia hay, exactamente, una distancia de 657 kilómetros, que equivale a unas siete horas en coche por la ruta más rápida con el tráfico habitual y una parada de veinte minutos para echar un café, seguramente horroroso. Un trayecto ahora casi imposible de realizar para una garza, un charrán o una espátula de las que ya apenas paran en Urdaibai por el simple hecho de que hemos acabado con sus lugares de avituallamiento y reposo, llenado de insecticidas los campos y colocado vallas cortantes en forma de eólicas que acaban con sus vidas si antes no lo hacen los depredadores de la caza de dos patas.

Son 657 kilómetros jalonados de destrucción ambiental por todas partes, incluida la propia Reserva de Urdaibai y el propio Parque Natural de la Albufera, degradados tanto la una como el otro. Sus responsables están a la vista, no hace falta ir muy lejos para encontrarlos, también los hay aquí, en Euskadi, solazándose sobre cómodas moquetas en lujosos despachos que nunca se inundan.

Solo un dato: nada menos que el 74% de la superficie forestal de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai está dedicada al pino y al eucalipto, dos especies que, sobre todo ésta última, como han señalado expertos de la talla de Arturo Elosegi, catedrático de Ecología en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV-EHU, o Iñaki Antigüedad, doctor en Geología y catedrático en Hidrogeología en la misma Facultad y otros muchos, esterilizan los suelos, les hacen más inconsistentes y frágiles, dificultan la infiltración natural de las lluvias, intensifican las escorrentías superficiales y la erosión de las capas fértiles, e impiden el arraigo de la vegetación natural que garantiza la estabilidad de los taludes y laderas de fuerte pendiente.

Pero no nos vayamos por los árboles y aterricemos en el tema que viene al caso. Al Gobierno Vasco no le interesa nada hablar de las zonas inundables en el País Vasco. Esconde la cabeza debajo del ala de su propia inoperancia, mira para otra parte y deja que sigamos ocupándonos de las noticias que nos llegan del País Valencià como si aquella catástrofe nunca pudiera suceder por estos lares.

¿Ha hecho alguna reflexión acerca de aquello? ¿Va a revisar sus Planes de Gestión de Riesgo de Inundaciones (PGRI) en función de unos sucesos climáticos que cada vez se repiten con más frecuencia dejando muerte y destrucción en numerosas partes del mundo? ¿O agua pasada ya no mueve molino?

Así que sería no bueno, sino altamente conveniente, que se aplicaran el cuento nuestras instituciones. Y cuanto antes lo hagan, mejor para todos, antes de que aparezcan los Mazones locales y la líen aún más. Echarse las manos a la cabeza por lo que ha pasado en Valencia y expresar la solidaridad del pueblo vasco para con sus habitantes (necesaria también, por otra parte) no resuelve el problema de fondo que aquí, también existe. Y es que aunque la mayoría de la población lo desconoce, en Euskadi hay nada menos que alrededor de un centenar de “puntos negros” con alto, sí, altísimo riesgo de inundaciones.

A Demarcación de Costas de Bizkaia, una competencia que el PNV está tratando de conseguir cuanto antes de Madrid para así manejar mejor su normativa a sus propios intereses (los ejemplos serían muchos, pero los más destacados podían ser el tema del Guggenheim en Urdaibai y Loiola en Donostia) tampoco le debe preocupar mucho esto porque utiliza su poder como un chicle que se estira y se encoge en función de a quién sirve.

Y en lugar de mirar para Valencia o hacia el humedal de los Everglades en Florida (EEUU) mejor haría el PNV, y el PSE, su socio menor en el Gobierno y en la Diputación de Bizkaia, empezar a deshacer algunos de los estropicios que se avecinan en forma de crónicas anunciadas. Nos referimos a echar por tierra, de manera definitiva y urgente, su funesto proyecto de construcción del Museo Guggenheim en Urdaibai, en las dos zonas donde se situaría este proyecto ecocida (en Gernika y Murueta) que saben de sobra que son inundables, por mucho que intenten ocultarlo. Y son inundables ahora mismo, no en un retorno de posibilidades a 500 años vista. ¿O pretenden construir un museo con flotadores?

Otro tanto ocurre en numerosos lugares de Euskadi, como en Barakaldo, donde la asociación ecologista Barakaldo Naturala ha advertido del peligro de edificar en este municipio dos proyectos «en zonas inundables». Se trata del Parque Empresarial de Burtzeña y la urbanización El Calero, donde se prevé construir «más de 500 viviendas, locales comerciales y garajes».

Pero no solo eso porque, ¿qué van a hacer cuando la «Isla» de Zorrotzaurre, en Bilbo, se inunde? ¿Va a ser el alcalde del PNV, el señor Aburto, y los grupos que le apoyan en esa «promoción» gigante los responsables de los daños que se ocurran cuando las aguas desborden la lamina terrestre como ocurre ya con mareas vivas en muchas ocasiones? ¿O lo pagarán sus promotores y constructores? O mejor aún, ¿por qué no incluyen una cláusula en la venta de esas viviendas y locales, por la cual ellos mismo o, en su defecto, los que compran se harán cargo en el futuro de cuántos daños por causa de inundaciones puedan producirse? O, más allá aún, ¿por qué no obligar a las comunidades de propietarios que se creen a que lo consignen en sus normas de comunidad? De esa forma, quizá se lograría que no paguen «justos por pecadores» y, de paso, reducir el elevado precio de esos inmuebles, así como rebajar drásticamente al aún más elevado precio de los alquileres y acabar con el triunfalismo de promociones como es la del «Manhattan de Zorrotzaurre».

Urdaibai, Loiola, Barakaldo, Zorrotzaurre… siguen en la D(i)ANA y parece que a estas instituciones no les importa mientras haya pájaros incautos que caen en sus redes. ¿Volamos o nos dejamos caer en la trampa de estos cazadores de oportunidades?

Todo esto se podría evitar de forma muy fácil si el Gobierno de Euskadi se pusiera a hacer ahora mismo los deberes pendientes, es decir, afrontar la situación de vulnerabilidad que existe en ese centenar de “puntos negros” con altísimo riesgo de inundaciones mediante un plan integral, con objetivos y plazos asumibles y de la mano de expertos conocedores de la situación, que son los más capacitados para evaluar los riesgos. ¿Lo harán o esperarán a que volvamos a estar de nuevo en el centro de la D(i)ANA?

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