Y todas las actuaciones de los poderes públicos se encaminaban a ese objetivo, de forma que la construcción de viviendas y su venta se convirtieron en uno de los motores económicos del país, al mismo tiempo que se disparaba su precio y en consecuencia también el número de años bajo el yugo de una hipoteca.

Si hace 30 años, lo habitual eran las hipotecas por 12 o 15 años, en los últimos años el mismo tipo de viviendas suponían hipotecas de por vida, hasta de 30 ó 40 años.

El mercado inmobiliario disfrutaba de grandes facilidades y ayudas de los poderes públicos, al servicio no tanto de garantizar una vivienda digna para todas y todos, respondiendo al mandato constitucional, sino más bien reforzando el sector como agente económico, pero sin la debida planificación y regulación.

En España, durante años se han construido más viviendas al año que en Francia, Alemania e Italia juntas.

Al contrario que en otros países, con parques de vivienda pública de alquiler muy amplios (en Alemania, más del 35 % de la gente vive en alquiler), aquí no podíamos elegir porque las instituciones construían muy pocas viviendas sociales de alquiler, consideradas «para pobres», y el mercado privado de alquiler era mínimo y con precios tan altos que invitaban a hipotecarse para no «tirar el dinero».

Y el sector inmobiliario engordó tanto y tan rápido que estalló, provocando el mayor problema social que nos aqueja: «muchas casas sin gente y mucha gente sin casa».

El paro y la precariedad e inseguridad laboral se han adueñado de nuestro futuro; de repente, los mismos que nos llamaron tontos si no nos hipotecábamos, ahora nos hacen sentirnos culpables por no poder pagarlas.

Cada vez está más claro que el objetivo de una vivienda en propiedad para todas y cada una de las personas es inviable económica y socialmente (en realidad siempre fue así).

Indigna que los poderes públicos, que durante tantos años han alimentado la burbuja, ahora rota en pedazos, no encuentren otras formas de cumplir con el mandato constitucional de garantizar que toda persona disponga de una vivienda digna y asequible. Indigna que actúen como sí de repente no hubiera personas y familias que alojar, cuando hasta hace poco había que construir tantas y tantas viviendas al año.

Resulta más que evidente que hay que desarrollar de forma decidida la vivienda pública de alquiler acorde con la renta de cada cual, de forma que no tengamos que dedicar más del 20 ó 30 por cien de nuestros ingresos al pago de la vivienda.

Existe un enorme parque de viviendas construidas y no habitadas que con la intervención de las instituciones públicas podrían reconvertirse fácilmente en viviendas de alquiler.

El criterio ya no debe ser «el alquiler para los pobres y la compra para el resto» sino «el alquiler para todas las personas y la propiedad para quien quiera».

Mientras las ciudades están llenas de viviendas nuevas, en manos de entidades bancarias que las siguen vendiendo a precios excesivos, y el escaso mercado privado de alquiler baja sus precios, el Gobierno de UPN insiste en mantener los precios de los alquileres de los escasos pisos sociales por encima del mercado (favoreciendo el interés exclusivo de las promotoras) y se frota las manos con satisfacción cuando el Constitucional paraliza, con argumentos falaces, una Ley de Vivienda aprobada por el Parlamento Foral y dirigida a proteger a quienes el despiadado mercado ha dejado en la calle de un día para otro.

El Ayuntamiento de Pamplona sigue intentando vender solares en los que construir más viviendas para su venta, mientras mantiene vacías y sin rehabilitar unas 200 viviendas de su propiedad, y sigue sin querer aprobar una Ordenanza que regule su cesión a personas y familias en situación de emergencia social.

Entretanto, se acumulan en los despachos de Bienestar Social, las solicitudes estudiadas y cumplimentadas por las Plataformas de Afectados por las Hipotecas, que siguen siendo, con sus escasos recursos, y sin el mínimo apoyo institucional, quienes atienden a cientos de personas y familias cada día.