Economista
¿Y ahora qué?

No es momento (ahora menos que nunca) de cumplir reglas de gastos, de recortes, ni de bajadas de impuestos. Es hora de que el sector público haga un esfuerzo.

05/08/2020

Estamos pasando una pandemia global e inédita que podría provocar una crisis económica de una dimensión difícil de calibrar. Nos encontramos ante una situación medioambiental crítica (a la vez relacionada con la crisis sanitaria) y, mientras, la automatización lleva años disminuyendo el número de puestos de trabajo; tendencia que se va a acelerar en los próximos años.

En este punto, toca tomar medidas audaces, porque nos encontramos no solo ante un cambio de ciclo económico, sino ante una crisis sistémica que obliga a ser ambiciosas.

No me parece que sea un mensaje apropiado el de que pronto pasará todo y podremos volver a la «normalidad». El momento exige actuaciones especiales y que todo el mundo se ponga a ello. Porque la precaria normalidad en la que vivíamos cada vez está más lejos.

La teoría económica keynesiana, que dio las respuestas para la salida de la devastadora crisis que comenzó en 1929, defiende que ante una recesión las instituciones públicas deben endeudarse para realizar políticas anticíclicas que tiren de la economía, es decir, deben aumentar el gasto. Pero es que, además, nuestra sociedad necesita: potenciar la atención primaria y el empleo sanitario; mejorar los cuidados a las personas mayores; atender de una vez a las personas dependientes y sus familias debidamente; hacer frente a la conciliación que lastra a las mujeres. Debe: disminuir las ratios y atender adecuadamente la diversidad en las aulas; mejorar los servicios sociales para que las ayudas sean realmente efectivas y lleguen a todas las personas que las requieran, junto con el aumento de la empleabilidad de sus usuarios; asegurarse de que las empresas cumplen sus obligaciones fiscales y laborales. Es imprescindible que se le empiece a dar a la ciencia el lugar que le corresponde, si queremos adaptarnos de la mejor forma posible a todo lo nuevo que está por venir. Es decir, hacen falta multitud de profesionales para atender las demandas de la sociedad en estos momentos. Profesionales que a su vez consumirán y pagarán sus impuestos.

Además, las micropymes requieren una atención más personalizada para poder acceder a recursos e información que pueden ser fundamentales para su supervivencia. El medio rural precisa de apoyos para evitar su despoblación y el momento es propicio para tomar medidas al respecto. Las personas migrantes, así como nuestras y nuestros jóvenes, deberían contar con la posibilidad de ofrecer todos sus potenciales, por ellos y por nosotros.

También el medio ambiente requiere actuaciones, tanto públicas como privadas, empezando por las de formación, que deberían ser planteadas de forma adecuada. Las campañas publicitarias sobre estos temas tienen unos resultados muy limitados. Hay que ser ambiciosos.

Está comúnmente aceptado que la deuda pública tiene sentido siempre que reporte beneficios a las generaciones futuras; beneficios equiparables a los costes que tendrán que pagar para amortizarla; beneficios como podrían ser una sociedad más cohesionada, servicios públicos de calidad, mejora de la educación y de la empleabilidad, un medioambiente saludable y no hostil. Pero también se hace también inevitable revisar los impuestos actuales. En estos momentos críticos las empresas deberían considerar un deber aumentar su contribución a un sector público que les proporciona subvenciones, cualificación de la mano de obra, infraestructuras, protección social para sus trabajadores, un sistema judicial y policial. Y teniendo en cuenta que solo las empresas con beneficios pagan una parte de los mismos en forma de impuestos. De manera que el argumento de que no se deben subir los impuestos a las empresas cuando la economía va mal no tiene mucha base, puesto que solo las que no se ven afectadas por la crisis lo serán por la subida de impuestos. Las que tengan pérdidas no pagarán nada. Asimismo, las grandes fortunas deberían aportar parte de un patrimonio que no podrán gastar en varias generaciones. Así como la Iglesia católica, cuyas (inexistentes) obligaciones fiscales deberían actualizarse; algo que, además, favorecería su imagen, frente a la de cardenales que viven entre lujos mientras se niegan a pagar impuestos como todo hijo de vecino.

De manera que el esfuerzo presupuestario que hace falta en estos momentos debería poner en juego todos los recursos públicos: subida impositiva (con lo que nos pongamos a niveles más cercanos a la media europea), pero sin tocar los impuestos indirectos que pagamos todos por igual, sino los progresivos. Aumento de la deuda pública. Y seguir negociando en la Unión Europea las condiciones de ayudas y endeudamiento, así como el uso más adecuado de las mismas. Porque tras el acuerdo conseguido aún hay muchos temas que cerrar. Para empezar la ejecución concreta del gasto, que realmente sirva para mejorar condiciones de vida y la adaptación de la economía a los retos del futuro. Ejecución que deberá ser aprobada por el Parlamento (a través de los Presupuestos) y por la Comisión de la UE. Además, habría que conseguir que no se vuelva, tras los momentos críticos, a unos topes de deuda por PIB que obligarían a hacer recortes en los años posteriores.

Luego hay otras recomendaciones que la UE lleva años haciendo a nuestro país que, como ocurre en otros organismos internacionales, resultan contradictorias entre sí. Por ejemplo, se han criticado las «deficiencias en inversión en infraestructuras y deficiencias laborales y en condiciones laborales de los trabajadores de salud». También se aconseja a nuestro país «reforzar la protección contra el desempleo, mejorar la cobertura y la adecuación de los programas de ingresos mínimos y el apoyo familiar, así como el acceso al aprendizaje digital». En ambos casos las situaciones actuales (y que realmente habría que mejorar), se relacionan con medidas de recortes del gasto público para cumplir las restricciones impuestas por la propia UE.

No es momento (ahora menos que nunca) de cumplir reglas de gastos, de recortes, ni de bajadas de impuestos. Es hora de que el sector público haga un esfuerzo acorde con el realizado (y a realizar) por la ciudadanía.