El Gobierno no guarda ni las formas en el conflicto de los trabajadores de la seguridad en El Prat: juega en campo propio, con el árbitro comprado y los contrarios con nueve jugadores. No satisfecho con eso, «refuerza el servicio» con la Guardia Civil, que está sujeta a disciplina militar. Así, la capacidad de defensa de los huelguistas teóricamente amparados por una ley de huelgas preconstitucional abusiva, en condiciones laborales próximas a la esclavitud, queda relegada a una caricatura. Aunque los trabajadores han soportado la presión del Gobierno y una opinión pública manipulada que no comprende que sus derechos, aunque produzcan inconvenientes, en otra oportunidad serán ellos los que soporten los que provoquen cuando otros acudan a la huelga en defensa de sus derechos laborales. Los huelguistas están dando ejemplo de firmeza y han rechazado la oferta del subcontratista privado, EULEN, que obtiene 1.100 millones de euros de beneficios a base de pagar sueldos y en condiciones tercermundistas. Lo más cañí es la argumentación del glamuroso ministro responsable, pues se hace un lío invocando razones de seguridad para solucionar un conflicto laboral por medio de militares, aunque la autoridad laboral afirma que no existe riesgo para la seguridad. Entonces apela a la capacidad «persuasiva» de los guardias civiles, afirmando que se limitan a dinamizar los trámites. Pero, allí están, sonrientes, para dar sensación de tranquilidad, tal como se manifiestan los sufridos viajeros que sólo quieren embarcar, que los problemas de los trabajadores en huelga los «comprenden», pero no quieren que les afecte en sus vacaciones. El Gobierno se equivoca por que se pone nervioso temiendo que el maná del turismo cese: la noticia de la huelga está en toda la prensa mundial y los turistas que se dispongan a organizar sus vacaciones en el futuro y que hayan sufrido el calvario de viajar a un aeropuerto español, pensarán dos veces si vuelven o deciden ir a otros países en los que puedan acceder playas sin tener que guardar vez desde las 7 de la mañana o que disfruten sus merecidas vacaciones en un aeropuerto vigilados por amables guardias civiles armados hasta los dientes para dar imagen de seguridad. Una vez más el gobierno no comprende que los trabajadores que tengan que aceptar el laudo, recurrirán a los tribunales internacionales que declararán nulas las actuaciones abusivas de las prepotentes autoridades españolas. Los que critiquen a los trabajadores por acudir a la huelga, que piensen si no es excesivo decretar el 90% de servicios mínimos, si se pueden trabajar seguidas 12 horas, retribuyendo las extra a 8 euros. Y si creen posible vivir con 800 euros. Mientras, para solucionar un conflicto laboral se pide apoyo a un cuerpo militarizado. El laudo obligatorio es un calco de las condiciones de la Generalitat, por lo que, lejos de solucionar el conflicto como es normal en España, a base de imposiciones y leña, se van a ver afectados por la huelga otros aeropuertos y veremos si el ministro sale a declarar que «negociando se soluciona todo».