En un reportaje sobre la tortura se entrevista a Rafael Vera cuyas opiniones causan gran desazón, pues parecería imposible tanto cinismo y crueldad como para seguir negando hechos en los que fueron declarados culpables y sancionados en sentencia. Este sujeto pertenece a la ralea siniestra compuesta por Billy el Niño, Rodriguez Galindo, Amedo, San Cristobal o Damborenea entre otros que se ponen los derechos humanos por montera. O descerebrados como Trump, Hitler o Franco que firmaban sentencias de muerte como si se tratara de simples tareas administrativas rutinarias o gaseaban a seres humanos. Justifica la existencia del GAL con argumentos peregrinos, pues considera legítimo que fuerzas policiales realizaran impunemente operaciones de venganza y represalia contra un grupo irregular de gente armada carente de toda legitimación o código alguno al que ajustarse, en cambio los cuerpos policiales están sujetas a códigos estrictos. No se entiende que no actúe de oficio la fiscalía general ante este tipo de manifestaciones públicas que rezuman odio ni muestran ningún propósito de enmienda. Deberían ser denunciados los inductores máximos, como Felipe Gonzalez, al que el Juez Garzón señaló como máximo responsable del GAL, o José María Aznar, que autorizó sin ningún pudor e incluso con ostentación, la creación de grupos armados dentro de los cuerpos policiales financiados con fondos públicos porque sabían que esas operaciones y torturas eran «ignoradas» por jueces del Supremo y Audiencia Nacional. Sentencias que son sistemáticamente revocadas por tribunales europeos evidenciándose que la tortura es sistémica como lo acreditan informes avalados ante la ONU, ordenando los tribunales europeos anular sentencias contra dirigentes políticos catalanes y vascos. Aunque poco es lo que se puede esperar de una justicia cuyo órgano máximo se halla en funciones desde hace dos años y los jueces miembros se la cogen con papel de fumar.