En las últimas semanas varias noticias que han contribuido mucho a la indignación de los pensionistas:

1) La hucha de las pensiones, que Rajoy heredó de Zapatero a finales de 2011 con 66.815 millones de euros, sufrió en diciembre pasado por parte del Gobierno una enésima saca y se quedó prácticamente vacía.

2) La Seguridad Social registró en 2017 un déficit de 18.800 millones, su récord histórico.

3) En el Congreso, la comisión del Pacto de Toledo que tiene que recomendar al Gobierno nuevas medidas, sobre todo para paliar ese déficit y buscarle nuevos ingresos a la Seguridad Social, está atascada, fundamentalmente por falta de propuestas concretas del PP.

La reacción del Ejecutivo a tantas malas noticias no ha sido muy afortunada. En enero, la ministra Fátima Báñez les envió a todos los pensionistas una carta en la que entre autoelogios a la gestión económica del Gobierno y halagos a los destinatarios –«El protagonista de esta mejora (de la economía) eres tú», «Los pensionistas tenéis mucho que decir en esta historia de superación»–, les comunicaba el incremento de su pensión para este año: 0,25%. Irrisoria, irritante: 1,5 euros de subida al mes para los 4 millones de pensionistas que cobran 600 euros o poco más. En febrero, Rajoy entraba en el debate sobre las pensiones públicas… reformando los planes de pensiones privados e instando a los españoles a que ahorren para su jubilación. Lo más gravoso fue el recorte de Rajoy, aprobado en 2013 sin acuerdo con los agentes sociales y entró en vigor en 2014 la actualización de las pensiones no se vinculaba al IPC, y se limita el 0,25%.

Las ciudades el 22 de febrero, para denunciar sus «pensiones de miseria». Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla… recordaban las del 15-M, hace ya casi siete años.

Contestaban muchas pancartas de las movilizaciones de días pasados a la carta de Báñez. «Una subida de mierda».

Las frases de hace unos días, «Somos mayores, pero no somos imbéciles». «No hay dinero para las pensiones, pero sí para rescatar bancos y autopistas». «Las pensiones en este país no sólo son sostenibles, sino que son mejorables y necesarias». La portavoz de la organización dijo «Este problema no se soluciona si la gente no sale a la calle».

Salud y República,

Pedro Mari Usandizaga Añorga