El Parlamento Vasco está discutiendo una ley para regular el fenómeno de la ocupación de viviendas sin autorización de los propietarios por ciudadanos sin recursos. Tradicionalmente el fenómeno se ha trivializado por la sociedad porque la llevaban a cabo jóvenes que querían disponer de lugares para su ocio y desarrollo de inquietudes sociales o culturales. En otros casos eran mendigos y personas marginales para guarecerse. Es preciso reconocer que es un problema grave para el propietario que se encuentra de forma inesperada con su vivienda ocupada y no puede ejercer ninguna acción legal eficaz que le devuelva su hogar, pues no puede valerse de medios coercitivos. Existen múltiples leyes que defienden el derecho a la propiedad privada y la Constitución reconoce como principio. Pero también la citada ley fundamental reconoce el derecho subjetivo de todo ciudadano a disponer de una vivienda digna, aunque en tono retórico. La opinión popular de una sociedad que valora el derecho a la propiedad privada como fundamento del sistema pugna con el que asiste a los que carecen dónde resguardarse ni medios económicos ni jurídicos para ejercer el suyo que consiste en guarecerse con su familia. Son embargo, la relación de fuerzas para satisfacer los derechos de cada una de las partes enfrentadas están escandalosamente sobreponderados en favor de los propietarios, pues los jueces expiden papeletas de desahucio y mandan a las fuerzas policiales a cumplimentarlos si es preciso a la calle literalmente, a pesar de ese derecho constitucional. Cierto que el propietario no es culpable de quien desesperado ocupa su vivienda, pero tampoco puede ser sacado con violencia quien ejerce un derecho que las autoridades no culmplen argumentando que ese derecho subjetivo es puramente retórico e imposible de solucionar por falta de medios. «Derecho subjetivo a una vivienda digna», significa que deberá satisfacerse haya o no fondos, es equivalente al de propiedad privada, con la diferencia de que esta está protegida por multitud de leyes y todos los poderes públicos, pero el de la vivienda digna es un eufemismo que los políticos han trivializado describiéndolos como modas juveniles para divertirse o desarrollar sus vocaciones artísticas.