El TEDH ha condenado a España y rechazado la sentencia del Constitucional que denegaba el amparo del Supremo a Atutxa, Knörr y Bilbao. La condena se limita a a indemnizarles con un euro a cada uno, más 600 euros para gastos judiciales, a todas luces benévola y ofensiva... Pedían 40.000 euros. Es una muestra más de la falta respeto y objetividad de los tribunales españoles que invaden impunemente otras jurisdicciones representativas de la voluntad popular, mostrando que sus sentencias tienen marcado contenido político. Y ya son muchas: ya una de ellas les supuso un gran rapapolvo con la anulación de la doctrina Parot. La tradicional sensación de impunidad y soberbia de los altos tribunales españoles se ve una vez más rectificada por otros internacionales que emiten sentencias con fundamentos jurídicos y rechaza las de los españoles que las emiten en función de instrucciones del gobierno de turno que es quien nombra y separa a los jueces que componen los altos tribunales. Lo grave no es la indemnización, que es irrisoria; es que la reacción del Constitucional se limita a recibir la humillante sentencia sin rechistar, mostrando su mala conciencia; y la del Gobierno que no termina de comprender que los tribunales existen para impartir justicia, no para dar forma jurídica a las decisiones políticas que le convengan. Es habitual que leyes elaboradas por el Parlamento Vasco vienen siendo impugnadas ante el Constitucional ninguneando la institución democrática que representa a todos los vascos. En Europa los tribunales actúan de acuerdo con reglas de la democracia y emiten sentencias basadas en leyes justas; en España los tribunales superiores están compuestos por jueces afines a los partidos en el poder de turno y aplican leyes que ni el propio Gobierno ni los tribunales respetan. Así es que ofrece el espectáculo grotesco de que sentencias politizadas son rechazadas en Estrasburgo. En un artículo publicado por un juez español afirmaba que nuestro el sistema de selección de los jueces es el más riguroso del mundo. Será así, pero no dice que sus sentencias también son las más frecuentemente revocadas por tribunales internacionales. Sorprende que los corporativos jueces y fiscales que ven el descrédito de su imagen en Europa no exijan responsabilidades. Les falta coraje para denunciar estas irregularidades porque temen perder su estatus. De ahí el desprestigio de la justicia ante la ciudadanía que le hace desconfiar de los jueces españoles después de las estratosféricas peticiones de los fiscales a unos jóvenes de Altsatsu por unos hechos similares acontecidos en Valencia que han terminado con una simple multa.