Actualmente, la economía se está adueñando de las conversaciones cotidianas. La población ve cómo cada vez es más difícil llegar a fin de mes, por las subidas de bienes tan básicos como la energía, la cesta de la compra o el euríbor.

Lo peor de todo es que esta escalada de precios parece que no tiene fin. Estos días nos hemos despertado con una tasa de inflación del 6,2%, su mayor nivel desde noviembre de 2022. Todos nos preguntamos cuándo tocará techo, pero ni las grandes mentes tienen una respuesta convincente.

Por el contrario, el sector bancario y energético, con unos beneficios exorbitantes en 2022, se muestran reacios a contribuir a la sociedad con el pago del nuevo impuesto, como es el caso de Kutxabank. Este incremento histórico en los ingresos no es ajeno a las haciendas vascas.

Y en este escenario los partidos políticos ya han comenzado sus campañas electorales. No olvidemos que en mayo de 2023 están convocadas elecciones municipales y forales. Y para antes de esas fechas tienen que estar acabadas el sinfín de obras que pueblan nuestros pueblos y ciudades. Parecen como esos estudiantes que se dan un atracón de la materia días antes del examen.

Pues bien, la crisis económica que actualmente sufrimos afecta más a los colectivos desfavorecidos. Esto no es nuevo.

Así, el sector de los cuidados en Bizkaia, dependiente de las instituciones, ya sean municipales o forales, se caracteriza por su precariedad y feminización. ¿Cómo es posible vivir con un salario bruto mensual de 1.579,22 euros, supuesto de una cuidadora de centro de día de personas con discapacidad funcional? Pues, malamente.

El departamento de acción social de la Diputación Foral de Bizkaia, dirigido por Sergio Murillo, es cómplice de que en el territorio existan trabajadoras pobres, desempeñando funciones que son de su competencia. Se le solicita que acabe con estas diferencias salariales tan bestiales entre el sector público y el privado.