El presidente de la comunidad de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, investido gracias a un acuerdo con Ciudadanos, está siendo investigado por el caso Auditorio y ha sido llamado a declarar ante el juez, lo que constituye una prueba de fuego para la alianza entre el PP y Ciudadanos que permitió la investidura de Mariano Rajoy.

El acuerdo de investidura de Sánchez tenía como condición previa la asunción de un compromiso por la regeneración democrática por parte del PP, cuyo punto primero implicaba «separar de inmediato de cualquier cargo público o del partido a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial». El PP además se ha permitido reconocer que si firmó el pacto con Ciudadanos era porque no tenía más remedio que hacerlo para lograr la gobernabilidad, y que lo hizo aún a sabiendas de que no iban a cumplir algunos de los compromisos, los relativos a la regeneración democrática. Aunque se haya admitido a trámite su ley integral de lucha contra la corrupción, por ahora no se ha avanzado ni en la expulsión de imputados por ese motivo, ni en la eliminación de aforamientos, ni en la investigación de la presunta financiación irregular del PP, ni en la reforma de la ley electoral, etc. Como el Gobierno de España lo preside un registrador de la propiedad y una abogada del Estado ocupa la vicepresidencia, o sea dos juristas, el único camino emprendido para solucionar los problemas fue el de los tribunales.

Salud y República.