Tras más de dos meses perviviendo en la calle, que se dice pronto, el ayuntamiento donostiarra ha decidido enviar, por no decir expulsar, a Oñati a los cuarenta malienses que han convivido todo este tiempo con los vecinos de Amara Berri de manera cívica y ejemplar. Y escribo con conocimiento de causa.

Hay que recordar a los partidos que gobiernan el consistorio donostiarra, a saber PNV y PSE-EE, que las personas que huyen de la guerra tienen, entre otros, el derecho de protección internacional y a no ser discriminados. Sin embargo, estas personas han pernoctado a la intemperie, se les ha negado el aseo personal y se les ha restringido el sustento a una comida al día. Abandonados a su suerte de no ser por un grupo de vecinos solidarios del barrio que les han proporcionado alimentos, algunas mantas, sillas y colchones para que no durmieran directamente en el suelo.

Hay que interpelar a los políticos que administran nuestros impuestos (pero que no nos representan) y a los xenófobos y/o aporófobos (a esos empáticos que dicen «llévatelos a tu casa»), porque no se puede despolitizar el cuidado básico de las personas para que lo asuma la sociedad civil o entidades religiosas.

Hay que reprobar que a estas víctimas, que han sufrido el olvido de los organismos y recursos públicos, se les ha negado también el derecho a un intérprete para gestionar su petición de asilo en las oficinas de la CEAR.

Donosti, que en 2024 acogió 1.029.670 turistas y registró 232.783 pernoctaciones, según datos de Eustat, no es capaz de albergar a 40 refugiados, damnificados del conflicto bélico en Mali. De vergüenza e indignación ajena.


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