El pasado 8 de noviembre de 2019, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento del Valle de Egüés acordó el desistimiento y la retira del Ayuntamiento de la acusación particular ejercida en el procedimiento abreviado 556/2017 que se sigue ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. Y cuya fecha de juicio había sido fijada para el 21 de noviembre.

Este procedimiento trataba sobre la desaparición, durante el mandato municipal de Josetxo Andia con mayoría de UPN, de un bar de módulos de propiedad municipal valorado en 150.000 euros.

Aunque el Juzgado de Aoiz no consideró que hubiese delito ni la Fiscalía haya, hubiese presentado acusación, la Audiencia Provincial de Navarra por el contrario, sí consideró que se burló claramente el ordenamiento jurídico, por lo que revocó la decisión de Juzgado de Aoiz y manifestó que, de las diligencias probatorias se desprendía la posible perpetración de hechos delictivos de los que posiblemente podrían ser autores el Sr. alcalde (Josetxo Andia) y la concejala delegada de Hacienda (Carolina Potau). Por lo que estableció el juicio oral para el 21 de noviembre de 2019.

El acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, formada exclusivamente por Navarra Suma, ha supuesto que, ante la ausencia de partes acusatorias, el juez de la Audiencia Provincial haya absuelto a los procesados, evitando, de esta forma, que la verdad judicial diga si hubo o no corrupción.

De esta forma, se han tapado unos hechos escandalosos. Porque, si se cree que no se dio una conducta irregular, no tiene sentido a 12 días de la vista oral, desistir y retirar al Ayuntamiento. Solo puede entenderse la adopción de esta decisión en la medida de que no se quiere que aquellos hechos se juzguen, por el temor cierto a que sean confirmados como ilícitos y por lo tanto lo que se está haciendo es colaborar con una corrupción.

Lo que es evidente es que estaba en juego un interés general, ya que un bien municipal fue entregado a una empresa privada en base a una ridícula contrapartida, como fue el desmontaje del bar, todo ello al margen de cualquier expediente administrativo.

La defensa del interés público no solo está en manos de la Fiscalía, sino que los ayuntamientos lo tienen como obligación directa y sin posibilidad de hacer dejación de ese deber.

El acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno supone una renuncia explicita a ejercer esa obligación, además de una maniobra para ocultar una corruptela, por lo que se convierten en cómplices de la conducta irregular.

La Junta de Gobierno se celebró un viernes, cuando tiene establecido que se reúna los martes cada quince días, aunque la convocatoria dice que es ordinaria. Tampoco se dio traslado previo al resto de concejales que no forman parte de la Junta, de la documentación para que no tuvieran conocimiento de la propuesta que se iba a votar.

Por lo que se puede afirmar con estos hechos en la mano que la corrupción vuelve al Valle de Egüés de la mano de Navarra Suma.