Fuentes Gago forma parte de la llamada «policía patriótica» y está imputado en el «caso Villarejo» que se investiga en la Audiencia Nacional. El comisario José Manuel García Catalán, y a una inspectora de su unidad, para negociar con Isea que éste admitiera pagos de Venezuela a los fundadores de Podemos. Tras asegurarle que tenía un mandato del ministro del Interior (Jorge Fernández Díaz) y del presidente del Gobierno (Mariano Rajoy), Esta conversación tuvo lugar en abril del 2016 en el consulado de España en Nueva York y se enmarca en la investigación policial a Pablo Iglesias y a la presunta financiación ilegal de Podemos. La reunión acabó con Isea firmando una declaración testifical en la que el exministro avala la autenticidad de un documento que recogía un pago de 7,1 millones realizado por el país sudamericano a la Fundación CEPS (germen de Podemos) en el 2008. Los enviados policiales, sin embargo, no le identifican con su nombre, si no que le llaman «Testigo uno»: solo el juez podría saber su nombre.

Fuentes Gago está imputado por el juez Manuel García-Castellón por la Operación «Kitchen», en la que se investiga un supuesto robo de documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas en el que presuntamente habría participado el comisario Villarejo. También se le ha señalado como posible implicado en la llamada «policía patriótica» del PP. «En el Ministerio del Interior, bajo el mandato de [Jorge] Fernández Díaz (...), se creó una estructura policial bajo las instrucciones de [Ignacio] Cosidó, por orden del Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del ministro, destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP y al seguimiento, investigación y persecución de adversarios políticos». En el 2017, la Cámara describió «la inaceptable utilización partidista» de las fuerzas de seguridad como «un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho». Amén.

Salud y República.