Llegó Mariano Rajoy a la Moncloa con una grave crisis sucediendo a José Luis Rodríguez Zapatero, que había arruinado las arcas públicas. Bajo el pretexto de la herencia recibida, ejecutó políticas económicas opuestas a las prometidas en campaña: subidas de impuestos en lugar de bajadas, recortes sociales en vez del fortalecer del Estado del bienestar y dinero público para sanear la banca a través de un rescate europeo que negó incluso después de “haberlo firmado”.

Ostentaba de solvencia, pero incumplió todos sus compromisos con Bruselas. Se vanagloriaba de estar encauzando el desbocado déficit autonómico e «incumplió en los cuatro años».

Lo advirtió la Comisión Europea. Y el FMI. Y el B. de España. Y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y la oposición. Y las agencias de calificación. Con cotejar las cuentas del Estado y concluir que, un año más, en el 2015 España iba a sobrepasar el déficit fijado por Bruselas. Ha ratificado el Instituto Nacional de Estadística al subir el agujero presupuestario al 5,2% del PIB, suponiendo que Eurostat no revise al alza.

España no es Grecia, vociferaban los peperos mientras atizaban a Alexis Tsipras pero, en lo que concierne a la indisciplina presupuestaria y a las maniobras contables, peor aún que los gobiernos griegos. Encima les da por bajar los impuestos en vísperas electorales, argucia estéril para los intereses del PP pero a la postre letal para los de España.

Ahora viene el drama, con el dinero y el petróleo a precio de saldo, Rajoy deja como legado a su sucesor en la Moncloa un recorte obligado (e imposible) de 25.000 millones de euros, junto a la amenaza europea de sanciones. Lo malo y el drama, según el PP, sería que otros gobernaran en su lugar.