Sabemos que mucha gente se pregunta, ¿qué es la intervención social? Una de sus definiciones dice que «es la acción organizada de un conjunto de individuos frente a problemáticas sociales no resueltas en la sociedad». Resumiendo, son las plantillas que trabajan en los servicios sociales públicos, pero que están subcontratadas por las administraciones mediante concurso público, con entidades privadas, y su labor básicamente es atender a las poblaciones objeto de intervención.

Por mencionar algunos ejemplos, trabajan en el ocio y tiempo libre, con jóvenes, familias desestructuradas, mujeres maltratadas, personas drogodependientes, menores tutelados, personas en situación de exclusión social, población migrante, diversidad funcional, etc. Como se puede observar el abanico de población que se atiende es múltiple y variado.

Ante esta gran responsabilidad y función social que desarrollamos, podemos afirmar sin titubear, que la inmensa mayoría de los y las trabajadoras del sector tenemos unas pésimas condiciones laborales. Durante años han primado los criterios económicos y, en muchos casos, el afán de lucro. Y tampoco podemos olvidar que al ser un ámbito compuesto mayoritariamente por mujeres, ha sido objeto de una discriminación sexista, estando actualmente sometido a una precarización extrema.

En definitiva, sufrimos una falta total de regulación de nuestras condiciones laborales. Y a nivel social, pese a la gran importancia que tiene la fundamental labor social que realizamos, no se conoce ni se reconoce. Además los recortes nos han afectado de lleno, ahondando en la ya de por sí maltrecha situación. Así, para muchas de nosotras son la norma y no la excepción, por ejemplo, no tener calendario laboral, tener un contrato ilegal por obra y servicio, altísimas cargas de trabajo, elevada exigencia emocional, poco personal, sueldos de 800 euros, perder la salud en el intento, etc.

Pero no todo está perdido. Desde el sindicato LAB llevamos dos años promoviendo el primer Convenio Sectorial, y aprovechando las condiciones sociopolíticas actuales, es posible aquí y ahora lograr la herramienta para mejorar progresivamente las condiciones del sector. El reto es ir dando la vuelta a la herencia que nos dejaron las políticas de las últimas dos décadas. Lograr este convenio sería garantizar un mínimo para todas las trabajadoras del sector, una base mínima obligatoria a cumplir tanto por las administraciones, al licitar, como por las entidades al presentarse a concursos públicos. Este convenio deberá permitir un futuro digno para todas las trabajadoras y trabajadores del sector, sin el cual no se pueden garantizar unos servicios sociales públicos de calidad.