Estimado director.

Como en el número 8.964 de su diario se publicó una carta de Alfonso Ríos y Mariano Sanz citándome personalmente de manera inexacta e injuriosa, le ruego que en uso del artículo 1 y concordantes de la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo, publique esta breve nota de rectificación.

Primero, no soy socio ni partícipe del «despacho de abogados Opamianto».

Segundo, matar al mensajero es evidencia de no poseer respuestas.

Tercero, los abogados tenemos el noble oficio de defender los intereses que nos son confiados. Lógicamente, nos son retribuidos, aunque no siempre.

Cuarto, es también evidente que el engendro al que han dado lugar no va a poder ser ni siquiera parcheado. Ahora bien, la ética profesional de abogado me obliga a ponerme a su disposición porque, como ya les he dicho, la única respuesta eficaz es interesar la nulidad total o parcial en la vía judicial y empezar de nuevo. Por supuesto, les brindo mis servicios sin coste alguno. A veces es nuestra ética.

Atentamente.