Me adhiero a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco TSJPV que anula el requisito del perfil lingüístico de euskera de la OPE del Ayuntamiento de Irún de 12 plazas de policía municipal. Desde que se dio a conocer, desde el PNV han arremetido contra dicha sentencia a través del EBB, del portavoz del Gobierno y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, y desde sus colectivos nacionalistas. El PNV debería tener muy presente que en las últimas elecciones al Parlamento Vasco obtuvo un escaso 19,50% del total del censo, pero que le permite gobernar gracias una abstención del 49,22% y a la conveniencia del PSE. Con ese exiguo 19,50% no puede afirmar que su política lingüística cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía vasca, y cuestionar dicha sentencia, intentar tergiversarla, o calificarla de injerencia en la política lingüística. La progresiva fijación de la preceptividad de los perfiles lingüísticos del euskera en las OPE está creando una ficción lingüística donde no hay una demanda, y una imposición donde debería haber una normalización lingüística respetuosa con la Constitución. El euskera no puede imponerse por decreto. El ultimo Decreto 179/2019 del 19 de noviembre para la normalización del uso del euskera se recurrió ante el TSJPV por considerarlo anticonstitucional.