El informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre la actividad de Alonsotegi Eraikiz ratifica categóricamente las graves irregularidades en su gestión y será un importante elemento a tener en cuenta en la investigación que lleva a cabo un Juzgado de Barakaldo por un presunto delito de prevaricación y malversación atribuido a varios gestores de esa sociedad urbanística. El máximo órgano fiscalizador de la CAV señala que Alonsotegi Eraikiz no cumplió en 2010 la normativa que regula su actividad, y subraya la falta de control económico desde 2006 por parte del Ayuntamiento vizcaino, de lo cual ya advirtió la interventora del Consistorio en un informe previo a la disolución, en 2011, de la sociedad.

Ausencia de documentación relativa al concurso para una venta de terrenos, adjudicaciones por importe inferior al correspondiente a la tasación previa, contratación de servicios con empresas vinculadas a consejeros de Alonsotegi Eraikiz... Todas las irregularidades constatadas por el TVCP son consecuencia, evidentemente, de una mala gestión, pero no por impericia o equivocación, lo que también sería censurable, toda vez que en cualquier institución pública es exigible un mínimo de competencia. Pero no es el caso. Estas anomalías han tenido beneficiarios, y no precisamente aquellos a cuyo servicio se suponía que estaba esa sociedad municipal, sino, justo al contrario, ellos, los ciudadanos y ciudadanas, son los perjudicados, quienes han de cargar con las pérdidas. Se trata de una gestión deliberadamente indebida por parte de los encargados de administrar los bienes de una comunidad.

No es el primer caso, ni mucho menos, de graves irregularidades en una institución a cargo del PNV. Más que una excepción, parece una pauta de actuación que no se corresponde con la supuesta excelente gestión de la que ese partido alardea, pero se niega a asumir sus responsabilidades cada vez que ese «buen hacer» es desmentido. En este caso por un TVCP presidido por Jose Luis Bilbao, lo que da una idea de la contundencia del informe.