En el año 2007, siendo consejero de Justicia del Gobierno de Gasteiz, Joseba Azkarraga realizó diversas declaraciones denunciando el macrosumario 18/98, tanto durante el juicio como después de la cruel, injusta y desmedida condena. El entonces consejero denunciaba la perversión del Derecho para avalar la tesis política del «todo es ETA» y el modo en el que esa doctrina vulneraba derechos básicos. No por ello escatimaba críticas a ETA, dado que entonces la organización armada vasca estaba atentando.

Ayer, siete años más tarde y ya retirado de la política institucional, Azkarraga volvía a aparecer en público para, junto a diferentes personalidades vascas, reivindicar los derechos de los presos y presas vascas partiendo del respeto a los derechos humanos. Junto a él estaba Teresa Toda, quien fuera subdirectora del diario “Egin”, ilegalmente clausurado por Baltasar Garzón, y condenada en el mencionado macrosumario. La periodista acudía a esta cita tras ser liberada en noviembre pasado, habiendo cumplido íntegra toda su condena. No era su primera comparecencia pública desde que recuperó la libertad. El pasado 4 de enero, en Durango, Toda también estaba presente cuando un grupo de cualificados expresos hizo público su apoyo a las decisiones de EPPK, que abrían la puerta a una salida escalonada e individualizada de los presos, utilizando para ello las actuales vías legales.

Precisamente, esta misma semana varios de los presos condenados junto a Toda hacían efectivas esas decisiones, remitiendo a Instituciones Penitenciarias sus peticiones individuales. Se trata de presos enfermos y mayores de 70 años, es decir, los que deberían estar en libertad si el Gobierno cumpliese sus propias leyes o simplemente actuase con un mínimo de humanidad. Entre otros, forman parte de este grupo los hermanos Patxo e Isidro Murga y Pablo Gorostiaga, presos por formar parte del Consejo editor de “Egin” y condenados a la vez que Toda. Es la primera tanda de un total de seis en las que los presos que componen el Colectivo cumplirán con los compromisos adquiridos con la sociedad vasca.

Entre esos compromisos, diga lo que diga el lehendakari Urkullu, está el de reconocer el daño causado. Por extraño que pueda resultar en el caso de personas como los Murga o Gorostiaga, víctimas de una injusticia que hace siete años Lakua criticó abiertamente. Ante esta situación, la hija de Gorostiaga interpelaba a Urkullu y mostraba la indignación que les han generado sus palabras. Desde 2007 hasta ahora, entre el Gobierno del que formó parte Azkarraga y el actual, solo está la legislatura de Patxi López. En medio han pasado muchas cosas, unas buenas y otras malas, pero nada que justifique la postura de Urkullu.

Las decisiones de EPPK buscan alimentar un proceso político que tiene en el respeto de todos los derechos para todas las personas uno de sus lemas centrales. El compromiso de estos presos con esos principios van mucho más allá de una instancia. Lo mismo cabe decir de los exiliados, que siguen dando pasos no solo para normalizar su situación personal, sino para que en el futuro nadie más tenga que abandonar su pueblo por causas políticas.  

Mientras, la tesis «todo es ETA» sigue vigente

El Estado español ha llevado el «todo es ETA» hasta el esperpento. Esta misma semana se recordaba cómo esa tesis salpicó hace diez años hasta a la propia ONU, que engañada por José María Aznar culpó a la organización armada vasca de los atentados del 11M. También se ha recordado que las muertes de Angel Berrueta y Kontxi Sanchiz fueron consecuencia directa de esa tesis. Diez años más tarde, la crueldad tomaba cuerpo en la Policía Municipal de Iruñea, que no conforme con que las instituciones no reconozcan la condición de víctima de Berrueta, retiraba una placa colocada en su memoria. La pregunta de su hija no puede ser más elocuente: «¿Qué es lo que les molesta de esa placa?». La respuesta más básica es que rompe con su relato en blanco y negro, que dinamita su supuesta superioridad moral, que delata su impunidad.

Desgraciadamente, la tesis del «todo es ETA» no es cosa del pasado, incluso pese a la evidencia de que hace ya más de dos años que ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. Esta misma semana, mientras Urkullu acusaba a la izquierda abertzale de electoralismo por los pasos dados por EPPK, en Madrid terminaba el juicio contra las direcciones históricas de Herri Batasuna, de la Unidad Popular. Doce años después de las primeras detenciones, cinco meses después del inicio de la vista oral y tras no escuchar en la sala de la Audiencia Nacional ni una sola prueba sobre un delito concreto contra ni uno solo de los acusados, termina un nuevo juicio contra todo un sector de la sociedad vasca. Es decir, contra una opción política legítima que tiene derecho a pugnar, también electoralmente, con el resto de fuerzas. Las palabras de Urkullu no podían ser más desafortunadas, ni por el contenido ni por el momento en el que las ha dicho.

La diferencia política más sustancial en este momento en el caso vasco es entre quienes hacen lo que tienen que hacer y quienes dicen lo que tienen que hacer los otros. Entre quienes asumen su responsabilidad, con coherencia, en profundidad, con todas sus consecuencias, y quienes se erigen en fiscales de lo ajeno y se absuelven permanentemente a sí mismos de toda responsabilidad. Entre quienes intentan aportar en positivo y quienes apuestan por nefastas profecías autocumplidas. Entre quienes miran al pasado para que lo peor de él no se repita en un futuro y quienes lo miran con nostalgia.

El conjunto de la izquierda abertzale ha dicho, por activa y por pasiva, que asume el daño causado. El resto debería reflexionar y no seguir causando más daño. Ni a los presos, ni a sus familiares, ni a las víctimas ni a nadie, porque en eso se debe diferenciar el futuro del pasado.