Cada nueva información sobre los convenios suscritos entre el Servicios Navarro de Empleo, la patronal CEN y los sindicatos UGT y CCOO son una muestra más de las escandalosas prácticas perpetradas durante el Gobierno del régimen. Tal y como recoge hoy este diario, en dichos contratos figuran sueldos costeados con fondos públicos que suman casi cuatro millones de euros. Se trata de salarios parejos a los que tienen funcionarios de más alto nivel, como cirujanos del servicio público de salud, consejeros del Gobierno o el de la propia Uxue Barkos. Honorarios que en ningún caso parecen corresponderse con sus labores sindicales pero que han servido para nutrir las estructuras de dichas organizaciones.

Así, llama la atención que entre los convenios que recogen remuneraciones de este nivel se encuentren los destinados a favorecer la inserción de inmigrantes o a la supervisión para fomentar la estabilidad y la calidad del empleo. Resulta paradójico, si no bochornoso, que partidas supuestamente dirigidas a mejorar la calidad del empleo y promocionar la integración de las personas migrantes caigan realmente en el saco de una red clientelista que durante años ha favorecido a unos pocos, garantizando a su vez la estabilidad del propio régimen. En un momento en el que la precariedad es uno de los grandes males a erradicar, cuando miles de personas luchan por conseguir un salario digno, es obsceno que haya quien se lucre de fondos teóricamente destinados al bien general.

Este tipo de prácticas, habituales entre las fuerzas del régimen, sospechadas desde hace años y destapadas recientemente, no caben por más tiempo en la nueva fase abierta en ese herrialde. El Gobierno del cambio tiene ante sí el mandato de terminar con el clientelismo y dar paso a la transparencia en la gestión de políticas públicas. Depurar responsabilidades en esquemas de dudosa legalidad en vigor hasta ahora y fomentar un sistema público que tenga al conjunto de la ciudadanía como prioridad ha de ser una de las primeras tareas a acometer en Nafarroa.