El acto de la firma del alto el fuego bilateral y definitivo entre el Gobierno de Colombia y las FARC en La Habana contó ayer con una amplia representación internacional del más alto nivel encabezada por los presidentes de Cuba, Venezuela, República Dominicana, El Salvador, México, el secretario general de la ONU, el presidente de la Asamblea General de la ONU y el presidente del Consejo de Seguridad, el canciller de Noruega y los enviados especiales de EEUU y la UE entre otras personalidades.

El acuerdo recoge aspectos básicos para el cese de las hostilidades y el desarme, estableciendo los mecanismos y el calendario de entrega de armas a la ONU, así como el proceso de transición de los militantes de las FARC a la vida pública. Complementario al anterior es el acuerdo para combatir a organizaciones criminales y paramilitares y garantizar los derechos de todos los habitantes de Colombia, reconociendo que el Estado ostenta el monopolio legítimo de las armas. El tercer aspecto pactado resuelve que el mecanismo para refrendar los acuerdos queda en manos de la Corte Constitucional. Los contenidos anunciados ayer acercan la paz definitiva, aunque todavía quedan algunos flecos. Asimismo falta un acuerdo con el ELN para que el nuevo escenario desarrolle todo su potencial. Y como recordó la senadora Piedad Córdoba, la paz completa llegará con reformas estructurales que erradiquen la miseria.

Tras casi cuatro años de negociaciones el Gobierno de Colombia y las FARC ha mostrado voluntad política y capacidad para llegar a acuerdos y desbloquear una situación de violencia que duraba más de 50 años. En este contexto resulta llamativo que el Estado español se haya apresurado a anunciar que aportará medio centenar de observadores a la misión de paz del Consejo de Seguridad de la ONU para verificar los acuerdos mientras que en Euskal Herria no solo no da un solo paso sino que además trata de entorpecer las aportaciones positivas ajenas.