La voluntad mostrada ayer por Sare de que la manifestación por el regreso a casa de los presos y presas del 9 de enero de 2027 sea la última supone un cambio de ciclo muy importante para la sociedad vasca. Refleja que ha habido un cambio profundo en relación a las personas presas por causas políticas.

Ese retorno a casa que hace poco parecía imposible se esté logrando, no sin obstáculos, gracias a la voluntad y determinación, en primer lugar, de las personas presas, acompañadas por su comunidad y de una gestión política inteligente.  

Han sido décadas de movilizaciones masivas, entreveradas por la represión y la criminalización, siempre en busca de ampliar los consensos sociales y políticos, en respuesta a la percepción mayoritaria de que la venganza no debería regir la realidad política vasca y que en este nuevo ciclo histórico deberían prevalecer los derechos humanos. 

Tal y como resumieron ayer Nahikari Iturbe y Joseba Azkarraga, es hora de dar «el paso definitivo para que palabras como convivencia y resolución sean realidad, y eso solo será posible con la puesta en libertad de los presos y presas vascos y el respeto a las víctimas de todas las violencias». 

En este sentido, hay temas pendientes. En primer lugar, falta el reconocimiento de que las 16 personas que han fallecido cuando iban a visitar a sus familiares y allegados, que estaban dispersados y alejados, no sufrieron «accidentes de circulación», sino que son víctimas de una política injusta e inhumana. Han fallecido más de 30 presos que merecen que se sepa la verdad sobre sus muertes. Los denominados «niños y niñas de la mochila» también merecen un recordatorio especial. Frente a la crueldad, convertir tanto dolor en una aportación al país es una de sus mayores victorias.