La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hoy ha determinado que Otegi y sus compañeros no tuvieron un «juicio justo» supone una «boutade» en Euskal Herria, donde hasta el más obtuso sabía entonces (2011) que estaban siendo castigados por un giro estratégico que abría un futuro muchísimo mejor para su país. Pero es una noticia de impacto y un escándalo en la esfera internacional, donde se evidencia que el líder independentista vasco más conocido en el exterior, que dos máximos dirigentes actuales de fuerzas políticas de este país, que el ex secretario general de uno de sus principales sindicatos, que cinco artífices de un proceso de paz que no ha parado de avanzar desde entonces... han cumplido seis años de cárcel por una condena injusta, un castigo político en toda regla en plena Europa occidental. Y es un baño de realidad para el Estado español, que con ese proceso reveló toda su ceguera política y además una prepotencia tan descomunal como para encargar la presidencia del tribunal a la misma jueza que acababa de desautorizar el propio Supremo por sus prejuicios contra Otegi.

La sentencia debería tener efectos a múltiples niveles, desde el más obvio de levantar la inhabilitación a Arnaldo Otegi hasta el más profundo de obligar a Madrid a actuar de una vez por todas con el «fair play» que se supone a cualquier Estado de Derecho básico. Utilizar los tribunales y las cárceles contra las disidencias políticas y nacionales no es una práctica que empezara en 2011 ni que haya acabado ya; a la vuelta de la esquina está la vista oral contra los líderes del «procés», que tiene también los mismos tintes de pucherazo que aquel juicio-farsa.

Ese «fair play» lógicamente no puede limitarse a la Audiencia Nacional, a la que deja muy tocado este fallo europeo. Aunque los límites del debate en el Tribunal Europeo tengan que restringirse al cumplimiento o no de la literalidad del Convenio, no cabe duda de que esta resolución no es una mera cuestión de forma, sino de fondo. Es hora de abandonar todos los discursos y políticas-farsa que impiden llevar hasta el final un proceso de paz, solucionando sus consecuencias y abordando sus causas.