Un manifiesto firmado por EH Bildu, PNV, Unidas Podemos, ERC, Junts, Más País, CUP, BNG y Compromís solicita al Ejecutivo español que excarcele a las personas presas más vulnerables al Covid-19. Le pide asimismo que libere a las que hayan cumplido tres cuartas partes de la condena y le urge a que restituya a las personas que continúen presas el derecho a la información, a la comunicación y a estar cerca de sus domicilios. Las fuerzas firmantes representan una parte importante del Congreso español y suman aplastantes mayorías en los parlamentos de Gasteiz e Iruñea, reflejo de la amplia mayoría social que en este país defiende el respeto a los derechos humanos de las personas presas y su pronta liberación.

La petición además va en línea con las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS, la ONU, el Consejo de Europa, así como de organismos y asociaciones de defensa de los derechos humanos del Estado. Muchos países han tomado en consideración esos llamamientos y ya han comenzado a excarcelar presos. Entre ellos destaca Gran Bretaña, el Estado francés, Alemania, Italia o Grecia, en Europa; y Colombia, Venezuela o Birmania, entre otros países, en el resto del mundo. Son decisiones que en cierto modo marcan el compromiso de esos países con los derechos humanos. Por desgracia, y como suele ser habitual, el Estado español no aparece en esa lista. Donde sí suele ser habitual es en los listados de estados que violan los derechos humanos, o en las denuncias de organismos internacionales por falta de imparcialidad de la justicia. Razones estas por las que muchas personas cumplen condenas arbitrarias y desproporcionadas en las prisiones españolas.

El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos tiene margen para hacer una política inteligente y humanamente justa en este terreno. Cumplir con este mandato es llevar a cabo una política de salud pública eficaz y supone establecer como prioridad los derechos humanos.