Desafío demográfico y visión de Estado

El Parlamento de Gasteiz debatió ayer sobre política familiar y desafío demográfico. Un pleno que sirvió para que la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, acaparara titulares con el anuncio de dos medidas de calado. Por un lado, propuso que la excedencia por paternidad pase de cuatro a doce semanas. Lo planteó como alternativa a los reducidos permisos del Estado. Si se implanta, será una medida que sin duda supone un avance hacia la conciliación y el reparto de las tareas reproductivas. No obstante, si en vez de mirar hacia el sur giramos la vista hacia Europa esas doce semanas quedarían por debajo, por ejemplo, de los 112 días de Noruega, y más cuando señaló que su introducción sería gradual, lo que apunta a que la distancia con los países europeos más avanzados continuará siendo considerable aún durante bastante tiempo.

La segunda esta relacionada con la RGI y busca mejorar la situación de las familias con hijos a su cargo aumentando la cuantía para las familias monoparentales y reduciendo el periodo mínimo de empadronamiento de tres a dos años para poder acceder a la ayuda. Lejos todavía del año que se requería en 2011 para cobrar la RGI, se rectifica al menos aquel cambio por el que se pasó a exigir tres. Un año también era el requisito para la AGI de Gipuzkoa suprimida en 2016. El Pleno aprobó además un buen número de resoluciones, entre la que destaca la gratuidad de las haurreskolak para familias con rentas bajas a iniciativa de EH Bildu, que debería ser cumplida por el Ejecutivo.

El desafío demográfico que era objeto del pleno quedó en cierta manera desdibujado. La discusión se circunscribió a la baja natalidad de Euskal Herria sin relacionarla con el contexto mundial, donde la sobrepoblación y los grandes movimientos migratorios que Europa se ve incapaz de gestionar marcan la agenda. La falta de competencias lastra esta visión que debería ser central para enfocar una política demográfica con perspectiva de Estado.

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