Repetidamente se ha denunciado que se está impulsando una privatización encubierta del servicio público de salud. Puede resultar difícil hacerse una idea de lo que significa exactamente esa práctica, sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de la que informó ayer el sindicato LAB, proporciona un ejemplo muy claro de la visión que refleja y del alcance de esa política. El fallo impide a Osakidetza que continúe contratando a una empresa externa el servicio de lavandería del hospital de Santa Marina.

La argumentación es muy clara. En 2007, Osakidetza asumió en el convenio colectivo un compromiso para crear un servicio propio de lavandería. Una obligación libre que, sin embargo, no ha cumplido. La dirección del ente público argumentó ante el Tribunal que carecía de medios materiales y humanos y alegó el alto costo que suponía asumir dichos trabajos. El Tribunal rechazó ambos argumentos señalando que debía haberlo tenido en cuenta cuando firmó el convenio. Las explicaciones muestran además la mentalidad de los actuales gestores de Osakidetza. Contratar operarios para realizar servicios supone un coste para las arcas públicas, pero también supone la creación de puestos de trabajo dignos y estables. Lo que los gestores de Osakidetza ven como un gasto, desde el punto de vista de la sociedad, se convierte en una inversión que además permitirá a muchos trabajadores una vida mucho menos precaria, mejorará el reparto de la riqueza y disminuiría la desigualdad. En su argumentación, Osakidetza desliza que esos puestos de trabajo corresponden «mayoritariamente a operarios y operarias de servicios», dando a entender que son menos importantes que los del personal sanitario. Muestra así una visión tremendamente clasista del sistema de salud, olvidando que todos los trabajadores son necesarios y que es la aportación del conjunto lo que contribuye a mejorar la salud de la gente.

Muchos de los males que aquejan a Osakidetza provienen de una visión tremendamente mercantil y clasista de sus gestores, incompatible con un enfoque de servicio público.