Hace más de una década el PNV empezó a inflar una burbuja  automovilística que tenía tres patas. La primera era Epsilon, el proyecto de una escudería made in Euskadi que competiría de tú a tú con la de Ferrari o McLaren en el circo mundial de la Fórmula 1; la segunda era el coche eléctrico plegable Hiriko, que fue desarrollado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y cuyo primer prototipo fue presentado a bombo y platillo ante el presidente de la Unión Europea, y la tercera era el parque del motor de Arakamendi que debía construirse en el extrarradio de Gasteiz. Desorbitadas sumas de ayudas y subvenciones públicas fueron desviadas hacia esa burbuja, se pagaron sueldos de escándalo, llegando en casos concretos a nóminas mensuales de 26.000 euros, y aparecieron por medio conocidos fontaneros jelkides como Jesús Echave o José Miguel Macías. El PNV dijo que esos proyectos cumplían escrupulosamente la normativa en cuanto a recepción de dinero público, que técnicamente eran impecables.

La realidad, sin embargo, es bien diferente. Reventada la burbuja, se ha demostrado que eran un saco sin fondo que se «tragó» más de 60 millones de euros. Plagado de pelotazos y sin saber cómo recuperar esos fondos públicos, el PNV y el PSE se afanan ahora en echar balones fuera y en no aceptar sus responsabilidades. Han utilizado en beneficio propio a sus representantes en el Tribunal Vasco de Cuentas para defender sus intereses de partido, dar impunidad a sus fontaneros y ocultar sus vergüenzas. Llegan incluso a la barbaridad de defender, como hizo la consejera Arantxa Tapia, que no corresponde al Gobierno controlar o hacer un seguimiento a las empresas que han recibido fondos públicos y que si desaparecen esos millones no es culpa suya.

Estos comportamientos revelan en alta resolución lo arraigado que está el clientelismo y la impunidad entre quienes, alardeando ser unos buenos gestores, demuestran lo peor de la casta política vasca.